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VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Arcadi España sacó a información pública este miércoles el proyecto de decreto sobre el régimen sancionador de la nueva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una norma publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que introduce cambios significativos respecto a las multas a las que deberán hacer frente los operadores del juego que infrinjan la ley.
Uno de los apartados del articulado que resulta más significativo es el que contempla la posibilidad de reducir hasta un 40% la sanción a las empresas en caso de que estas incurran en infracciones leves. Eso sí, siempre y cuando la multa que propusiera el expediente de la Administración fuera exclusivamente de carácter monetario, pues también se dan situaciones en las que se reservan la potestad de cerrar locales o no renovar licencias.
Una circunstancia que, según fuentes de la Conselleria de Hacienda, ya contempla la normativa básica. Explican, además, que no es una reducción en sí misma de la sanción, sino que, de la misma manera que las multas de tráfico que por pronto pago se pueden reducir a la mitad de la sanción impuesta, en estos casos ocurriría lo mismo pero por diferentes motivos. Entre ellos, el reconocimiento de haber incumplido la normativa en casos concretos y el pago voluntario de la sanción.
Así, tan solo se contemplará la posibilidad pagar menos sanción en casos particulares tales como "colocar la documentación que ha de llevar incorporada la máquina de manera que se dificulte su visibilidad desde el exterior"; "No conservar, en los locales autorizados para el juego, las hojas de reclamaciones" y los demás documentos que la ley considera obligatorios para los locales; "El incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del material de juego"; y "el incumplimiento del deber de comunicar la transferencia de acciones o participaciones, de las sociedades dedicadas a la organización y explotación de juegos".
Los otros dos supuestos contemplados como infracciones leves, sin embargo, no podrán ser motivo para reducir la multa: ni solicitar propinas a las personas jugadoras o aceptarlas cuando estén expresamente prohibidas, ni tampoco que los miembros de los órganos de dirección de juegos participen en la distribución "del tronco de las propinas". En ambos casos, la multa no podrá verse reducida.
El proyecto de decreto también regula distintos tramos de sanciones económicas, de manera que se generan tres escalas en cada tipo de infracciones. En el caso de las infracciones leves, las sanciones irían de los 100 euros a los 600, siendo el primer tramo de 100 a 300 euros, el tramo medio de los 301 a los 500, y el tramo superior de 501 hasta el tope de 600 euros.
En el caso de infracciones graves, el tramo más bajo oscila de los 601 euros hasta los 2.400; el intermedio, desde los 2.401 a los 4.200 euros; y el más elevado puede alcanzar los 6.000 euros. Para las infracciones muy graves, los tres tramos van desde 6.001 a 204.000 euros; el medio de 204.001 a 402.000 euros; y el más elevado, de 402.001 a 600.000 euros.
Según la normativa en trámite de elaboración, la función inspectora se llevará a cabo, "principalmente, mediante visitas a los establecimientos y locales en los que se practiquen los juegos autorizados por la administración del juego de la Generalitat, pero cabrá que se extienda a cualquier otro lugar en que se lleve a cabo actividad del juego en la Comunitat Valenciana".