Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Con el inicio del curso político tras el período estival comienza en las administraciones el intenso período de preparación y negociación de los presupuestos para el próximo ejercicio. En este caso, cerrar las cuentas de 2021 se antoja una empresa más complicada que otras veces, tras el impacto de la pandemia de coronavirus en el tejido social y económico. En el Ayuntamiento de València, sin ir más lejos, se ha pedido a las concejalías que reduzcan sus proyecciones presupuestarias un 5% respecto a este año.
El consistorio del Cap i Casal prepara unas cuentas conservadoras en 2021 ante la incertidumbre económica. Como en el resto de ocasiones, el primer paso de la concejalía de Hacienda, dirigida entonces por Ramón Vilar, fue pedir a las distintas concejalías que elaboraran sus respectivas fichas presupuestarias -donde se reflejan las necesidades económicas para el próximo año-.
Eso sí, en las normas para la elaboración de los presupuestos se incluyó una orden: las delegaciones municipales deben hacer una proyección económica con una rebaja de un 5% respecto a lo presupuestado este 2020. Y con este límite los diferentes departamentos consistoriales han tenido que diseñar sus peticiones, entregadas la gran mayoría esta semana a Hacienda, ahora dirigida por el edil Borja Sanjuán.
La intención con ello era estructurar inicialmente un presupuesto lo más ajustado posible ante las dudas sobre los ingresos que va a tener la corporación con motivo de la crisis económica por la pandemia. A priori, el próximo año el consistorio prevé dejar de percibir más de 60 millones de euros en ingresos corrientes -impuestos, tasas y transferencias estatales-.
De acabar siendo así, la situación obligaría a implementar recortes en las políticas municipales, puesto que el gasto corriente -la mayoría del gasto municipal- sólo se puede pagar con este tipo de ingresos. Por ello, para afrontar la encrucijada, la concejalía de Hacienda estudia redirigir parte del presupuesto previsto para inversiones hacia el gasto corriente, y pagar parte de las inversiones endeudándose. Y aún así, haría falta más dinero para mantener un presupuesto similar a 2020, según las previsiones.
De ahí que el ala del PSPV del gobierno municipal -que dirige Sandra Gómez y de la que forma parte Sanjuán- incluya en la ecuación el decreto aprobado por el Gobierno para permitir a los ayuntamientos utilizar sus propios ahorros. Decreto que este jueves pasará por el Congreso de los Diputados para su ratificación y sobre el que la mayoría de los partidos representados han manifestado su rechazo.
Si la medida gubernamental no sale adelante, dicen los socialistas valencianos, el Ayuntamiento de València deberá recortar en 2021. La medida fue aprobada por el Gobierno en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -donde sólo obtuvo el apoyo de los representantes del PSOE-, y pasa porque los ayuntamientos que quieran usar sus propios ahorros amasados a la fuerza por las leyes de estabilidad presupuestaria, hagan un préstamo al Gobierno.
Así, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez se financiaría con los ahorros locales y devolvería el 40% entre este año y 2021, y el resto a lo largo de los próximos 15 años. En València, esto permitiría al Ayuntamiento disponer casi de inmediato de 11 millones de euros en el primer reparto con los que suplir, o al menos hacerlo en parte, el agujero financiero municipal y evitar notorios recortes en las partidas para el próximo año.
Ahora bien, el mecanismo se ha labrado un rechazo cuasi unánime -excepto el PSOE- al ser considerado una suerte de chantaje o imposición al municipalismo. No sólo la derecha y especialmente el PP ha abanderado la batalla contra el decreto; también Compromís, socio de los socialistas en el Ayuntamiento de València y en otras administraciones valencianas, ha exigido mejorar el mecanismo para que los Ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente.
Aunque fuentes socialistas consultadas por este diario manifiestan que se trata de un mecanismo mejorable, también entienden positivo la posibilidad de poder hacer uso de los ahorros bloqueados por las leyes de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro. "Antes que recortar, preferimos acogernos al decreto", aseguran.
Además, el decreto incluye otra medida que otrogaría liquidez a los consistorios, en concreto, 5.000 millones de euros a repartir entre los consistorios. Según aseguró la vicealcaldesa de València Sandra Gómez, esto permitiría a la capital valenciana acceder a 40 millones de euros en total, teniendo en cuenta el uso de remanentes.
Por ello, Gómez instó al resto de partidos a apoyar el decreto. "No podemos optar por alternativas que conducen a los recortes", apuntó a este respecto. De los 5.000 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos, un 40 por ciento tendrá un peso poblacional, dijo la vicealcaldesa.