Hay una conspiración contra los estudiantes pobres

Carezco de la experiencia y la sabiduría de mi compañero Javier Cavanilles en la identificación de conspiraciones, si bien con los años he adquirido unas habilidades mínimas en este campo. Me defiendo. Soy un conspiranoico, a mi manera. De buena tinta sé que Lee Harvey Oswald no estuvo solo en Dallas el 22 de noviembre de 1963; tampoco albergo dudas de que la CIA eligió secretario general del PSOE renovado a Felipe González en Suresnes, con el oro alemán de Willy Brandt.

Hay conspiraciones que te llenan de orgullo al detectarlas, y otras cuyos descubrimientos son muy dolorosos. Hablaré de una de estas. Yo me negaba a pensar que la izquierda, al urdir sucesivas leyes educativas desde la nefanda Logse, trabajaba para los intereses del Gran Dinero. Ingenuo como era en estas y otras cosas, hace algunos años confiaba en la buena voluntad de los progresistas gubernamentales. Pero me equivoqué. Mi experiencia como profesor de instituto me sacó del error.

La izquierda sabe lo que hace y a quien sirve cuando perpetra leyes como la maquinada por la abuela Celaá, aprobada con nocturnidad y alevosía durante el arresto domiciliario de 2020. Esta norma, acompañada de sucesivos decretos, órdenes y reglamentos de la administración central y las autonómicas, transformará la enseñanza pública —y buena parte de la concertada— en el proveedor principal de mano de obra barata, escasamente cualificada y sobre todo acrítica para las empresas, en una España que seguirá cumpliendo obedientemente el papel de parque temático para el turismo internacional. La izquierda y la extrema izquierda, perritos falderos del capitalismo global, hacen el trabajo sucio. En pago a ello, sus dirigentes serán premiados con toda clase de canonjías y dádivas.

Títulos académicos que son papel mojado

“El objetivo de la Lomloe es formar al ciberproletariado del futuro, que malvivirá entre el paro y los trabajos precarios”

El objetivo de la Lomloe es formar al ciberproletariado del futuro, esa masa laboral que malvivirá entre el paro y los trabajos precarios. Los chavales deformados por esa ley accederán al mercado laboral con sus títulos de la ESO y Bachillerato, devaluados por completo debido a la laxitud con que son otorgados. Ya se puede ser bachiller sin saber redactar un resumen ni identificar las ideas principales de un texto.

Vista la situación con la perspectiva de los años, hoy sería impensable el logro que supuso la Ley General de Educación de 1970 para la generación de la EGB, a la que me honro en pertenecer. Gracias al valenciano Villar Palasí, a la preocupación de los padres y a nuestra capacidad de trabajo nos ganamos la vida de una manera más o menos digna, cada uno con sus peculiaridades. Esto es prácticamente imposible para los jóvenes en 2023. El ascensor social se gripó, para perjuicio de las nuevas generaciones, y la izquierda se niega a llamar al técnico para arreglarlo.

Porque a los jefes progresistas del tinglado no les interesa que la enseñanza pública mejore de verdad, siendo un instrumento útil para que los alumnos puedan combatir y abrirse paso en la sociedad. No les interesa porque esto significaría competencia para sus retoños. Sería intolerable que los hijos de las familias trabajadoras pudiesen disputarles un buen empleo a sus criaturas. Cada uno debe saber el papel que tiene reservado: los hijos de los dirigentes de la izquierda en el poder serán las élites laicas, inclusivas y transversales del mañana; en cambio, las promociones de los institutos son preparadas, con excepciones, para ser el personal subalterno de las primeras.

La doble moral de las ministras de Educación

Los hechos tozudos —y no los bonitos y engañosos discursos— hablan por sí solos. ¿Qué enseñanza eligió la abuela Celaá para sus dos hijas? Un colegio religioso y de élite en la provincia de Vizcaya. ¿Qué centro educativo escogió la señora Pilar Alegría, actual ministra socialista de la cosa, para su niño? El Liceo francés en Zaragoza. Podría haberlo matriculado en el IES Miguel Servet, pero no lo hizo. Ella sabrá por qué. Lo mismo cabría decir del conseller catalán de Educación y de aquel charnego con tan poca gracia, de apellido Montilla. Todos llevan o llevaban a sus hijos a la privada mientras en público defienden la pública como la mejor opción. Al estudiante pobre que le vayan dando, si es posible con inmersión lingüística incluida.

Para mí, que soy un patriota de la enseñanza pública y que siempre preferiré impartir clases en un instituto de barriada antes que hacerlo en un colegio bilingüe para pijines, es doloroso llegar a esta conclusión. No cabe ya ninguna duda: sí hay una conspiración de la izquierda gubernamental y su ejército de pedagogos a sueldo para malograr las expectativas de vida de los estudiantes pobres, de los hijos de familias humildes a las que dicen proteger y defender. Ahora sólo me queda saber —y estad seguros de que lo descubriré— si el club Bilderberg les paga el ocio nocturno a los promotores de esta execrable conspiración.