Haznos un favor, Aurelio

VALÈNCIA. Muchos de los conflictos que nos rodean son artificiales. Si se descomponen en sus elementos esenciales, es fácil comprobar que en el fondo de los mismos no se esconde en realidad ninguna dialéctica, sino el mero interés de las partes por mantener viva la confrontación porque de ello depende su razón de ser. Esto es, su existencia misma se justifica principalmente por estar a la contra de algo.

Para que eso ocurra es imprescindible que exista interés en todas las partes para mantener la confrontación en mayor o menor grado o, al menos, para no retirar del tablero los elementos que acabarían con la discrepancia. Cada nueva polémica alrededor de la ampliación norte del Puerto de Valencia me lleva a reflexionar sobre ello.

No quiero decir que sea una polémica artificial o injustificada, pero es un asunto cargado de matices en el que parecen no caber medias tintas; o estás a favor o estás en contra, blanco o negro. En general, las partes enfrentadas aprovechan la complejidad del mismo para defender sus posturas y desacreditar al contrario con medias verdades, lo que tampoco ayuda a los observadores a formarse su propia opinión sobre un tema cargado de intereses partidistas y empresariales.

Para quien no esté al corriente del día a día del asunto, lo que se discute básicamente es si el Puerto de Valencia debería tramitar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ampliar su capacidad con una cuarta terminal de contenedores.

La obra está medio hacer; los diques de abrigo están acabados desde 2012 y lo que faltan son los muelles y las explanadas, actuaciones que se ejecutarán en aguas abrigadas. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) obtuvo la DIA del proyecto en 2007 y esta sigue en vigor, pero Compromís, Unides Podem y varios colectivos vecinales y ecologistas defienden que esa DIA ya no vale porque el Puerto ha cambiado el diseño original.

La APV convocó el concurso para construir la nueva terminal y la tiene preasignada al grupo MSC, pero aún no le ha podido otorgar la concesión porque necesitaba el visto bueno de Puertos del Estado a esos cambios de diseño y el pronunciamiento del Ministerio de Transición Ecológica sobre la necesidad de una nueva DIA.

Sin embargo, en lugar de aclarar si es necesario o no un nuevo examen ambiental, lo que ha hecho el ministerio de Teresa Ribera es lavarse las manos y transferir la potestad al propio Puerto de Valencia. Pero al mismo tiempo le ha ofrecido a su presidente, Aurelio Martínez, la posibilidad de tramitar una DIA simplificada para despejar de una vez por todas cualquier duda medioambiental sobre la ampliación y evitar que acabe recurrida en los tribunales.

En sus manos está pues dotar a la ampliación de la solidez jurídica que debería tener un proyecto de esta envergadura y, al mismo tiempo, hacernos un favor a todos al eliminar definitivamente el nudo que mantiene vivo este conflicto.

Para empezar, nos haría un favor a todos, que tendríamos garantías adicionales de que el proyecto, con todos sus cambios, continúa siendo medioambientalmente respetuoso con el entorno. Aceptar la mano tendida del Gobierno para una evaluación ambiental exprés no debería suponer una amenaza para el proyecto, sino todo lo contrario: una garantía de que el crecimiento del Puerto y su contribución a la economía no están amenazados.

Para continuar, le haría un favor al presidente de Puertos del Estado. Aunque públicamente defiende que el recinto valenciano necesita más espacio, Paco Toledo estaría mucho más cómodo si Martínez se armase de argumentos legales para evitar batallas jurídicas cuyo resultado siempre es incierto.

También le haría un favor a TIL, la filial de terminales portuarias del grupo MSC que ha presentado la única oferta para construir y explotar esa terminal de contenedores. Aunque la empresa ha confirmado que mantiene sus planes de invertir más de 1.100 millones, probablemente lo haría más tranquila si se minimizan los riesgos.

De paso, le haría un favor a la Justicia, ya de por sí saturada de contenciosos que tardan tantos años en resolverse que aunque se demostrase una hipotética ilegalidad, el daño ya estaría hecho. Ejemplos de ello no faltan.

Le haría un favor al PSPV, que tiene el corazón partido con la ampliación norte hasta el punto de que cada vez le cuesta más encontrar argumentos para mantener su discurso oficial, el de que el equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento económico es posible con una DIA de hace catorce años.

No estoy tan convencido de que le hiciera un favor a Compromís, que en realidad debería aclarar si está de acuerdo con el aumento de capacidad del Puerto si se hace con todas las garantías medioambientales o si lo de la DIA es realmente un pretexto para disimular que en realidad directamente en contra la ampliación, que es precisamente lo que defiende Unides Podem.

Pero sobre todo, Aurelio Martínez se haría un favor a sí mismo y a su bagaje como presidente del Puerto de València. Es de justicia reconocerle que armonizar los intereses de los gigantes que operan en las terminales valencianas no es sencillo, así como el esfuerzo que realizó cuando recorrrió medio mundo de road show en busca de inversores para la ampliación, aunque al final solo apareciera uno.

Por eso sería injusto consigo mismo si se privase de la posibilidad de retirarse a hacer senderismo por los Picos de Europa con la tranquilidad de haber despejado cualquier fantasma judicial que pudiera amenazar el desarrollo del Puerto de Valencia.