Hora de pedir

Que España continúa siendo diferente lo demuestran cosas como que en Francia e Italia celebren el 1º de Mayo con manifestaciones reivindicativas contra sus respectivos gobiernos mientras en España buena parte de los ministros y ministras del Gobierno se suman a la manifestación, seguros de que la protesta no va contra ellos. En la de València participó hasta el presidente Ximo Puig, al día siguiente de aprobar en el pleno del Consell un adelanto de la subvención anual que la Generalitat otorga a UGT, CCOO y la patronal CEV.

Se le ocurre a Macron o a alguno de sus ministros aparecer en la manifestación de París, y los queman con el edificio al que prendieron fuego. Recordemos que allí protestan porque les han elevado la edad de jubilación de 62 a 64 años y no quieren ser "como los españoles", dicen, desconocedores –porque no han visto a nadie protestar con chalecos amarillos y mucho menos quemar coches en las calles de Madrid– de que aquí ya vamos por 67 y Escrivá no ha dicho su última palabra.

De todo ello se deduce que, para los sindicatos de clase, la culpa de las penurias económicas que sufre la ciudadanía en Francia e Italia es de Macron y Meloni, respectivamente, mientras que aquí son "los empresarios" y singularmente su patronal CEOE los responsables de que cada vez más familias no lleguen a fin de mes.

No obstante, estamos en año de elecciones y muchos han visto el momento de aprovechar que el gobernante de turno no quiere que las protestas enturbien su campaña. Los conductores de la EMT y del metro tienen su oportunidad en Fallas y los controladores aéreos o los pilotos pueden elegir entre Navidad, Semana Santa y agosto para pedir lo suyo con bastantes posibilidades de éxito. Sin embargo, la mayoría de los colectivos no tienen más oportunidad de ejercer una verdadera presión que los períodos preelectorales. 

A falta de grandes movilizaciones de los sindicatos, colectivos que se sienten maltratados ocupan estos días las calles o convocan huelgas para disputarse con los políticos el espacio en portadas y cabeceras de los informativos de televisión.

Este sábado salieron en València los cazadores, a quienes no tardarán en hacer promesas los mismos que han estado años desoyendo sus quejas. Antes fueron los taxistas los que amenazaron con un calendario de sonadas protestas en plena campaña electoral, amenaza abortada con promesas de regular cuanto antes lo que se tenía que haber regulado en otoño.

Algo parecido ha ocurrido con las protestas de los vecinos de Alfafar y Sedaví tras el enésimo atropello mortal en el paso a nivel que llevan tres décadas reivindicando que se suprima. La ministra de Transportes se apresuró a declarar "urgente" la eliminación de los pasos a nivel. Una urgencia preelectoral que canta mucho diez meses después del anterior atropello mortal, seis meses después de que se presentaran 5.000 firmas en el Congreso volviendo a reclamar el soterramiento de las vías del tren, que incluía la petición de una reunión "urgente" con la ministra Raquel Sánchez, y cuatro meses después de que los alcaldes se reunieran con Adif para escuchar que eso es cosa del Ministerio y para no volver a saber nada más hasta la muerte, a finales de abril, de una joven de 19 años. Tras la honda preocupación mostrada por la ministra, Adif volvió a recibir a los alcaldes la semana pasada y logró acallar las protestas con nuevas promesas.

Tampoco desaprovechan la ocasión los empleados públicos y funcionarios, sabedores de que, si contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, a los gobernantes que se la juegan en las urnas les es complicado ser virtuosos en estas circunstancias. Lo cómodo es ceder y evitar fotos incómodas en la campaña. Algunos lo practican durante toda la legislatura y la acaban sin apenas protestas.

En el caso de los médicos, tiene razón el conseller Mínguez cuando dice no entender por qué el sindicato médico CESM mantiene la huelga convocada para este lunes a pesar de las concesiones que se ha comprometido a dar, entre las que destaca la rebaja de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales sin merma en en salario, amén de otras mejoras económicas.

Más allá de que reducir las horas de trabajo del personal sanitario no parece la mejor solución para acabar con las listas de espera, llama la atención la alegría con que se adoptan medidas que costarán mucho dinero a la deficitaria Generalitat. Según ha reconocido Mínguez, Sanidad tendrá que aumentar la plantilla en 2.500 trabajadores para no empeorar el servicio, aunque una sencilla regla de tres muestra que harán falta más de 4.000 personas para cubrir esa reducción de 2,5 horas semanales.

En cuanto se conoció el acuerdo, los sindicatos de la función pública de la administración general pidieron sus 35 horas, a las que Gabriela Bravo se ha resistido hasta hace poco, y los de Educación hicieron lo propio. El argumento incontestable de todos ellos es que en otras comunidades autónomas ya están implantadas las 35 horas.

Sin salir de Sanidad, las elecciones han permitido a los empleados del Hospital de Alzira que provenían de la concesión sanitaria forzar el acuerdo que venían reivindicando desde hace cinco años, con continuas concentraciones y una amenaza de huelga demasiado cerca de las elecciones. En ello están sus compañeros de Torrevieja, que probablemente lograrán también sus objetivos, y el personal también subrogado de las contratas de resonancias y farmacia sociosanitaria, que tiene convocados tres días de huelga en plena campaña electoral.

Con todo, el mayor ejemplo de que no hay político que aguante un conflicto cuando vienen elecciones lo ha dado Pilar Llop. La ministra de Justicia se opuso durante varios meses de huelgas a subir el sueldo a los antiguos secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia (LAJ). A finales de marzo alcanzaron un acuerdo y tres semanas después eran los funcionarios de Justicia los que se ponían en huelga para reclamar un aumento como el de los LAJ. También los jueces y fiscales han pedido un aumento y amenazan con una huelga el día 16. Llop negocia con jueces y fiscales, mientras a los funcionarios les ha dicho que no, pero sabemos que acabará claudicando porque hay elecciones en mayo y en noviembre. Serà per diners!