MADRID (EP). Iberdrola Generación Nuclear, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos 'números rojos' de 1.075 millones de euros desde 2013, según consta en los resultados remitidos al Registro Mercantil por la sociedad y consultados por Europa Press.
Desde su constitución a finales de 2012, la filial nuclear de Iberdrola ha encadenado pérdidas año tras año, hasta llegar a esa cifra. Así, en 2013 la compañía perdió 232,6 millones de euros, en 2014 los 'números rojos' fueron de 311,39 millones de euros, en 2015 de 221,78 millones de euros y el pasado ejercicio de 309,3 millones de euros. Según las cuentas correspondientes a 2016, Iberdrola Generación Nuclear obtuvo unos ingresos de 950,58 millones de euros, un 18% menos que el año anterior.
De esta cifra, el 42% se destinó por la sociedad al pago de impuestos y tasas, que representaron casi 396 millones de euros. De este importe, 174 millones de euros correspondieron a la tasa Enresa -la compañía pública que gestiona residuos nucleares-, 134 millones de euros al impuesto sobre residuos, 67 millones de euros al impuesto sobre producción y 51 millones de euros a ecotasas.
En su informe, Iberdrola Generación Nuclear subraya que en 2016 y 2015 tuvo pérdidas debido "principalmente a que el descenso de los precios de mercado en dichos ejercicios ha hecho imposible absorber la carga fiscal que soporta la actividad de generación nuclear", que se vio incrementada desde 2013 con la reforma eléctrica que impuso un gravamen del 7% a la generación eléctrica e impuestos a los residuos y el combustible nuclear.
En la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable. Galán, que aseguró que "los impuestos y obligaciones" que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió "analizar el marco regulatorio y fiscal" en esta materia de cara al futuro.
Asimismo, el presidente de Iberdrola aseguró recientemente que, con la petición de acortar el plazo para solicitar la renovación de las nucleares de tres años a 12 meses, se está dando tiempo al Gobierno para que estudie cuál debe ser la política energética.
"En nuestras conversaciones con el Gobierno nos han pedido tiempo para definir la política energética y el tipo de energía que el país necesita, lo cual comprendemos y pensamos que no es necesario solicitar la ampliación de la vida útil de las centrales con tres años de antelación, dado que con un año es suficiente para analizar los requisitos y decidir si se continúa o no con la operación", indicó Galán en la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre.
Para el presidente de Iberdrola, de esta forma se está "dando dos años de plazo al Gobierno para que estudie cuál debe ser la política energética y alcanzar un acuerdo energético nacional".
"Por ello, antes de tomar una decisión a largo plazo que pueda afectar a nuestra cuenta de resultados y a nuestros accionistas, preferiríamos que estuviera totalmente definida la política energética nacional. Lo que estamos haciendo es dar tiempo al Gobierno para aclarar el papel que la energía nuclear debe jugar en la política energética y cómo se va a retribuir para que este negocio pueda cubrir costes y generar algo de beneficio, como en el resto de los negocios del grupo", añadió al respecto.
Iberdrola tiene participación en las centrales nucleares de Cofrentes (100%), Almaraz I (53%), Almaraz II (53%), Trillo (49%), Vandellós II (28%) y Asco II (15%), además de en Santa María de Garoña, donde es copropietario con Endesa, a la que propuso en el consejo de la sociedad Nuclenor -que ostenta la titularidad de la central- desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.
No obstante, en la reunión del órgano rector de Nuclenor del pasado 26 de abril no se llegó a un acuerdo sobre el futuro de la planta ante las posiciones antagónicas de sus dos socios respecto al futuro de Garoña.
Iberdrola remitió a Endesa y Nuclenor un informe elaborado por PwC, como expertos independientes, de análisis económico sobre Garoña en el que se concluye que, en el escenario más probable -actualizando los costes y aplicando una tasa de descuento para el cálculo del VAN del Ebitda del 10% - las pérdidas de Garoña si funcionara hasta los 60 años ascenderían a 1.062 millones de euros, incluyendo las inversiones necesarias para alargar su funcionamiento hasta esa fecha.
Según el informe de PwC, el precio a partir del cual la planta sería económicamente viable oscila entre los 65,7 y los 69,5 euros por megavatio hora (MWh), muy lejos del precio del 'pool' previsto para 2018 y 2019, que no supera los 44 euros por MWh.
Incluso en el escenario más conservador, con una tasa de descuento del 7,5% y los costes desactualizados las pérdidas totales incluyendo inversiones serían de 916 millones de euros, señala el informe. A pesar de ello, Endesa rechazó la propuesta y ha defendido en todo momento la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta el verano, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.