IDIS reclama que las reversiones se justifiquen en términos "económicos, asistenciales y de impacto"

VALÈNCIA (EP). El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, ha asegurado este lunes no estar en contra de que una administración decida revocar cualquier contrato de colaboración privada-pública en el ámbito sanitario "pero siempre que se justifique en términos económicos, asistenciales y de impacto en la población".

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocer el aval del Tribunal Supremo a la reversión a la sanidad pública del departamento de salud de La Ribera al desestimar el recurso interpuesto por Ribera Salud. No obstante, IDIS ha expresado "su reconocimiento a cualquier medida que exija a las administraciones públicas justificar las repercusiones sociales, económicas y efectos financieros de sus decisiones" y que, en el caso concreto de la revocación de cualquier contrato de colaboración privada-pública, "que se haga sobre criterios de solvencia y de calidad asistencial".

IDIS espera que ante el futuro y a la posibilidad de la ruptura de otros modelos, "se tengan en cuenta los principios de sostenibilidad financiera y de mejora global de la asistencia sanitaria: es fundamental contar con datos transparentes y comparativos que permitan tomar decisiones acertadas y garantizar la continuidad del sistema".

"Todo acto que cuestione la colaboración privada-pública tiene que estar apoyado por criterios económicos y de estabilidad presupuestaria. En el ámbito de la salud, hay que apostar siempre por medidas que estén basadas en datos objetivos, contrastados y rigurosos y que tengan en cuenta a pacientes y profesionales, poniendo el acento en la eficiencia, la calidad y seguridad, el acceso, la resolución asistencial y la experiencia vivida en su contacto con el sistema", ha señalado la Fundación.

A su juicio, la reversión sanitaria del modelo Alzira "se decidió simplemente por cuestiones ideológicas y ha supuesto un menoscabo más que evidente para la población a la que da servicio incrementándose las listas de espera hasta casi triplicarse" --de 57 a 156 días.

En esta línea, añade que, dos años después, "son destacables el crecimiento del absentismo laboral de la plantilla junto a otras ineficiencias", lo que "genera un coste añadido anual de 76 millones de euros, de acuerdo con un estudio realizado a partir de los datos de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad".

La Fundación apunta que un estudio de investigación desarrollado por la Universidad de Berkeley (EEUU), que analizó diferentes modelos de concesiones a nivel internacional, obtuvo como conclusión que este sistema de gestión "aporta eficiencia y ahorra dinero y recursos al sistema sanitario público, reduciendo el gasto per cápita en el entorno del 25%".

Además, existen otros estudios que han demostrado "la factibilidad y viabilidad del modelo de colaboración privada-pública desde un punto de vista asistencial y económico", como el informe de la Sindicatura de Comptes "que muestra que la atención sanitaria integral de la población del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro del gasto público de alrededor de 45 millones de euros anuales".