Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra considera que la modificación de la ley de espectáculos Públicos que plantea el departamento de Justicia de Gabriela Bravo para abolir la prostitución "no resulta apropiada" porque la erradicación de esta práctica es "competencia estatal" y le acusa asimismo de "arrogarse competencias" en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, que corresponden a su área de gestión.
En el informe de alegaciones al anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, además cuestiona que la penalización de la demanda de la prostitución que persigue la iniciativa de Bravo para conseguir abolir esta práctica supone "de facto una sanción indirecta" a las mujeres que la ejercen, que agrava su vulnerabilidad, "aumenta su estigmatización social" y debilita sus redes de apoyo.
El texto recuerda que las competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres "corresponden a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".
En ese sentido, tras citar la normativa en vigor, señala que la propia exposición de motivos del borrador de la iniciativa de Bravo
apunta que las personas prostituidas "se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad".
Además, también recoge que la modificación "parte de la perspectiva de la protección de las mujeres y de la promoción de la igualdad y que, entre otras cosas, tiene como objetivo avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres".
Del mismo modo, se afirma que la prostitución es una forma de violencia de género. "Se trata pues de materias, todas ellas, competencia de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas", recalca.
Por ello, concluye que la Conselleria de Justicia "no es competente en materia de igualdad de género, reconocimiento de los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia de género y machista".
En ese sentido, señala que sí el departamento de Bravo sí que es competente en materia de asistencia a las víctimas del delito, pero que "la mayor parte de la doctrina considera la prostitución en un supuesto de alegalidad en el ordenamiento jurídico español" y recalca que "la prostitución no se recoge en el ordenamiento jurídico español como delito".
Al respecto, subraya que la consideración y regulación legal de la prostitución es una competencia estatal. Por tanto, la abolición de esta realidad no regulada "excede las competencias autonómicas, objetivo que pretende conseguirse con la propuesta de esta modificación normativa".
Por otra parte, señala que "sorprendentemente, se podría deducir que se considera la prostitución como espectáculo público" al figurar en la exposición de motivos que esta reforma tiene como objetivo "la eliminación de toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de los locales y establecimientos regulados" por la Ley de Espectáculos Públicos.
Igualdad señala que, a la luz de la exposición de motivos, en la que se indica que "se ha asumido el compromiso" de promover la abolición de la prostitución en la Comunitat Valenciana, y dado que esta modificación emerge como acción propuesta en el marco del Foro valenciano para la abolición de la prostitución, la modificación planteada por Justicia "está realizando una interpretación extensiva del objeto de la Ley 14/2010 y una incorporación arbitraria de una realidad, la prostitución, que excede el marco de la mencionada ley".
En esta línea, señala que la novedad principal de la ley es la modificación del régimen de infracciones como "principal instrumento para conseguir la abolición". Sin embargo, recalca que aunque solo se pretenda sancionar la demanda de prostitución en los establecimientos públicos, la difusión de publicidad de prostitución, la tercería locativa, y el uso para actividades de prostitución en estos establecimientos, "estas sanciones suponen, de facto, una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución".
Por contra, destaca que el programa Alba de su departamento para atender a la víctimas, el convenio de labora con la ONG especializada Alanna o la renta Valenciana de Inclusión que pone a disposición de las mujeres prostituidas.
Asimismo, cuestiona el modelo abolicionista de la prostitución por defender que la sanción de la demanda acaba con esta y reduce el consumo de servicios sexuales y, para ello, cita las conclusiones de varias experiencias internacionales como el modelo sueco o el noruego. En ese sentido, frente a una visión abolicionista, destaca la política de Amnistía Internacional sobre la obligación del estado de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
En definitiva, Igualdad señala que la propuesta de Bravo "se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución que sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución" y "se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración". Asimismo, advierte de que las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85%, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción.
