Mónica Oltra. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El caso de abuso de una menor tutelada por la Generalitat por parte de un educador de un centro de menores, exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido condenado a cinco años de cárcel, podría dar un vuelco tras el hallazgo de un informe fechado en 2017 que pone en duda la acusación de la menor. Un informe que no fue aportado a la causa judicial, lo que supone una indefensión palmaria para el ahora condenado, pues la defensa no lo pudo utilizar en el juicio.
El informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza -del que solo se incluirán las conclusiones pues la supuesta víctima era y es menor de edad-, asevera en sus conclusiones que tras la exploración y tres entrevistas con la denunciante, la menor "es poco creíble" y que los motivos expuestos por ella "son un dato de sumo interés" en la valoración de los presuntos abusos, considerándose en este caso que "podría tener una motivación espuria" porque "la adolescente tiene motivos para realizar una acusación falsa".
El informe, realizado por una psicóloga del Instituto Espill, especializado en psicología y sexología, también dice que "no se aprecia realismo" o que "no existe coherencia en la narración", además de que la resistencia a dar la información sobre lo sucedido no se deriva de las dificultades propias que tienen las víctimas de los abusos sexuales. Es más, apostilla el informe que no describe las secuencias y sentimientos de forma "coherente".
Las conclusiones, según los expertos en derecho consultados por Valencia Plaza, son suficientemente claras como para interponer un recurso de casación por indefensión.
La sentencia aseveraba que tras la declaración de la víctima en sala "no hay ninguna razón para dudar de ella" y que la joven "no tenía ni animadversión ni resentimiento". Estas palabras del ponente se basaron en lo dicho por la joven durante el juicio. Durante este juicio declaró una perito forense que dijo que la versión ofrecida por la joven era creíble.
Frente a estas conclusiones, el informe del Centro Espill -al que la Conselleria de Igualdad encarga los informes en todos los casos de abuso de menores- nunca llegó a formar parte del sumario y, por tanto, la defensa no pudo utilizarlo ni citar a la psicóloga a declarar.
Desde que la defensa supo de la existencia de este informe ha tratado de acceder a él sin conseguirlo. La Ley de Protección de Datos impide que nadie que no sea el juzgado lo entregue a la defensa pues se trata de datos personales de una menor de edad.
Según ha podido saber este periódico, la Conselleria dirigida por Oltra examinó de nuevo el expediente tras el eco mediático de la sentencia y ser preguntados por los medios. Fue entonces, y al tener conocimiento de la existencia del informe, cuando lo remitió de inmediato a la Fiscalía de Menores.
La Fiscalía Provincial ha decidido elevarlo a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, sala que juzgó el tema y tiene el sumario, para que la defensa pueda acceder al mismo y utilizarlo para interponer el recurso. La Fiscalía le explica a la Audiencia Provincial que, al no ser sentencia firme, aporta esta prueba. Mientras el informe llega a su destino, la abogada ha solicitado a la sala que le den copia, así como una suspensión de los plazos del recurso mientras pueden acceder a esta prueba.
La pregunta del millón es cómo un informe así no llegó al juzgado. La historia es, cuanto menos, rocambolesca. Tras la denuncia de la menor, desde la Dirección Territorial de València de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se solicitó, el 4 de septiembre de 2017, hace más de dos años, a la Sección de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales y Menores Perpetradores del Centro Espill un informe psicológico de la niña, que entonces tenía 14 años.
La joven acudió en tres ocasiones para reunirse con la psicóloga y el 7 de noviembre de 2017, desde el Centro Espill remitieron el informe a la Dirección Territorial. Una vez allí, en manos de un funcionario o funcionaria, el informe se quedó en un cajón porque era negativo y, al no venir solicitado por un juzgado la persona que lo recibió decidió no dar traslado del mismo.
Este periódico preguntó a la Conselleria el motivo de dicho acto. Según las explicaciones recibidas, en julio de 2017 la Fiscalía de Menores envió un escrito a la Dirección Territorial diciendo que le fuera remitido todo lo que tuviera que ver con un menor. En agosto de ese año, el equipo directivo del departamento dirigido por Oltra tuvo conocimiento de la solicitud de la Fiscalía.
Tras saberlo, hizo una nota interna que se pasó ese mismo mes ordenando que se proceda de manera inmediata a atender dicha solicitud. La Dirección Territorial estaba informada, pues en septiembre de 2017 la Dirección General de la Infancia remitió la citada instrucción a los centros de menores y a la Dirección Territorial. Una directriz que ordenaba que "en caso de sospecha de abusos, se informe a la Fiscalía de Menores, sin perjuicio en lo dispuesto en la legislación procesal penal", una información que incluye todos los informes relacionados con el tema.
Sin embargo, la persona que recibió la copia del informe decidió, por su cuenta y riesgo, no seguir las órdenes y dejar el ya famoso informe en un cajón. Y ahí seguiría de no ser porque el condenado es quien es y hubo que revisar el expediente para que la consellera y vicepresidenta dé explicaciones en Les Corts. La pregunta que surge ahora es: ¿si el condenado no fuera el exmarido de una política hubiera sabido la defensa de la existencia de un informe exculpatorio que nunca se aportó al sumario?
