Oltra destaca que más de 75 mil personas ya se benefician, cifra en tres mil la lista de espera y apunta a que no hay avances en la co-gestión con el Gobierno del Ingreso Mínimo Vital
VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha hecho balance de los casi cuatro años que lleva ya en marcha la Renta Valenciana de Inclusión, una prestación que cuenta ahora mismo con 34.450 titulares y 75.885 destinatarios (es decir, sus familiares o convivientes) y para la que hay una lista de espera de 3.178 personas, según detalló Mónica Oltra en un encuentro con periodistas.
La consellera evaluó los tiempos de espera de esta prestación, que no deben ser superiores a tres meses para los municipios (que son quienes tramitan la petición) ni de otros tres para la Generalitat (que es la que resuelve). "Hay municipios que tardan hasta 9 meses como es el de Alicante y esperemos que puedan ir mejorando esa situación", deslizó. Por provincias, la media de espera en Alicante es de 162 días (la del consistorio de la capital es de 283 días), la de Valencia es de 131 y la de Castellón es de 91 días. En estas dos últimas provincias hay también ayuntamientos que se retrasan, en la primera, por ejemplo, Godella tarda 237 días y en la segunda, Vila-real 218. En cuanto a las direcciones territoriales de la propia Conselleria, la media es de 107 días en Alicante, 97 en Valencia y 20 en Castellón. A partir de ahora ese segundo trámite se centralizará, según avanzó Oltra.
La también vicepresidenta explicó que el presupuesto inicial para este 2022 es de 235 millones tras haber ejecutado en 2021 un total de 274. Por eso han pedido ya una ampliación de crédito de 60 millones a la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler. Pero esa podría no ser la última petición porque los planes se pueden ver alterados por la llegada masiva se refugiados ucranianos. "Puede haber nuevas necesidades", avanzó. Oltra detalló que durante seis meses los refugiados tienen una prestación del estado de "primera acogida" pero después "si no han caído de pie y no han encontrado trabajo las prestaciones a las que tiene derecho son las de la Renta Valenciana".
Desde el verano de 2020, la Renta Valenciana de Inclusión convive con el Ingreso Mínimo Vital que gestiona el gobierno central, una situación que por una parte genera algunos problemas administrativos de duplicidades pero que también permite a la Generalitat pagar en algunos casos, concretamente en 13.308, sólo un complemento, que eleve la cantidad recibida hasta la que el beneficiario tendría derecho con la RVI.
Desde que se puso en marcha el IMV, la Generalitat pidió hacer una gestión compartida del mismo para facilitar el proceso a los solicitantes, que se puedan beneficiar por ejemplo de la 'ventanilla única' con la que se resuelve la Renta o con la petición presencial y no la telemática de la prestación estatal, y también para evitar disfunciones pero Oltra reconoció que no ha habido avances. Saben por la prensa que hay previston un proyecto piloto en este sentido con Galicia pero nada más.
Eso sí, Oltra informó que hace dos semanas sí que se firmó ya con el Gobierno central un acuerdo ('Pilotem') por el que será la Generalitat la que gestione los itinearios de inserción profesional de los beneficiarios en la Comunitat del Ingreso Mínimo y que reportará 10,2 millones de euros
Entre las novedades más recientes está la puesta en marcha de un simulador que permite saber si se tiene derecho a cobrar la RVI y en cuál de las tres modalidades que hay en funcionamiento. Para pedirla hay que tener más de 25 años (salvo excepciones), estar empadronado o poder demostrar residencia efectiva al menos un año y haber agotado las prestaciones ordinarias a las que se tiene derecho. Eso supone haber pedido al menos el IMV.
Una familia de cuatro miembros con el complemento de vivienda y el energético cobra, tras haberse actualizado con el IPC de este año, 1.139 euros. "Es una cantidad digna para hacer frente a la exclusión y poner en marcha un proyecto de vida", afirmó Oltra.