VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad avanza con su decisión de revertir la gestión de los centros socioeducativos al ámbito público. Así lo recogía este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el que se publicaba la consulta pública previa a la elaboración del decreto que acuerda la reversión a la gestión pública directa, a través del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), de la Residencia Jaume I de Picassent.
Hasta el momento, estos espacios enmarcados en la administración son de gestión público-privada. Un total de nueve centros que la ley que, al terminar su contrato con las empresas que lo gestionan, revertirán a la administración pública con todo su personal subrogado. Así lo recoge la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, que enmarcó esta decisión del ahora departamento de Aitana Mas en aras de proteger a un colectivo tan vulnerable, el de los menores con medidas judiciales.
"Los servicios de las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley cuya gestión no corresponda, a la entrada en vigor de esta ley, a la Generalitat, continuarán prestándose por el mismo medio hasta que se extinga el contrato o el instrumento jurídico que les sirva de cobertura jurídica. La gestión pública de estas residencias se implantará progresivamente en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor, periodo en el que podrán contratarse o concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro", señala la norma.
En el caso de Picassent, se trata de una de las más grandes, cuyo servicio presta Fundación Antonio Moreno, y que anteriormente prestaba la Fundación Arcos del Castillo. Cuando se inauguró en 2008, éste espacio contaba con medio centenar de plazas y más de 70 trabajadores, ocupadas gran parte con jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años cumpliendo medidas judiciales de diversos tipos. Un centro que se levantó sobre una superficie de 32.171 metros y cuenta con 5 módulos de residencia, instalaciones deportivas con piscina, pista polideportiva y frontón.
Éste es el inicio de la segunda reversión impulsada por el departamento de Mas en este ámbito. La primera en marcha es el centro Pi i Margall de Burjassot, el otro centro con mayor dimensión enmarcado dentro de este proceso. El objetivo de la medida es terminar con una "privatización" iniciada durante el Gobierno del PP, que en su totalidad está en manos de compañías privada en el caso de los centros para menores con medidas judiciales.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia