VALÈNCIA. Desde 2016 llevaba la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) pidiendo un 'acuerdo marco' para poder capilarizar la oferta de residencias en la Comunitat Valenciana que pudiera ofrecer la parte pública.
Tras tanto insistir, finalmente ha sido la propia administración quien ha reconocido que ésta debería ser la fórmula definitiva hacia la que virara el sistema -y no a través de concursos- con la que todas las personas mayores pudieran recibir el mismo servicio. Así se señaló este martes en la jornada 'Acuerdo marco: Hacia un sistema de estabilidad para el sector empresarial en el ámbito residencial'.
Actualmente, hay más de 5.000 plazas que cuentan con condiciones de atención al usuario distintas según la fórmula de relación contractual que existe entre la Administración y el sector empresarial. El acuerdo marco igualaría los requisitos para contratar con la Conselleria y por lo tanto los derechos de los usuarios serían los mismos en todos los centros subvencionados con fondos públicos.
"Quiero poner en valor el trabajo de las empresas", señalaba la consellera de Igualdad, Mónica Oltra. "Empezamos el estudio de un nuevo modelo para establecer una acuerdo marco que aporte flexibilidad y garantía para las empresas, además de consolidar una red pública", destacaba. Este nuevo modelo pretende abordar qué pasa dentro de las residencias. "No solo se trata de que la gente tenga un techo y pueda comer, las personas tienen muchas necesidades", reconocía. "Queremos poner en marcha proyecto de vida dentro de una nueva casa, que serán diferentes para cada persona según sus circunstancias personales".
"Hace falta apostar por la colaboración público privada", apuntaba Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). "Todas las personas que viven en residencias tienen que recibir la misma calidad en la gestión. Todas las entidades privadas deben tener el mismo trato y las mismas exigencias que las entidades sin ánimo de lucro, el fin es que se reciba una buena asistencia", insistía.
Isidro Donoso, subdirector General de Centros y Servicios Consejería de Políticas sociales y Familia, explicaba que en la comunidad de Madrid existen 24.568 plazas asignadas, siendo el acuerdo marco el que más peso tiene entre todas las fórmulas, un 35,53%.
Dentro de su acuerdo, con el que llevan desde 2013, hay 81 empresas adjudicatarias, con 111 centros residenciales. En total una ocupación de 8.828 plazas. En la fórmula de financiación total, el dependiente paga el 86% de su capacidad económica mientras que la parcial oscila con ayudas de entre 950 euros y 1451,08 euros.
A pesar de que Donoso recalcaba los beneficios del modelo también explicaba que, actualmente, las residencias del acuerdo marco tienen más peso fuera del área metropolitana que dentro, cuando anteriormente no era así. "Se ha dado una disminución de las plazas ofertadas por las empresas en el área de Madrid y el precio ha sido una de las cuestiones", reconocía.
"Hay unas limitaciones presupuestarias, y no ha podido incrementarse más de lo establecido en el último acuerdo", lamentaba. Eso sí, destacaba que antes de 2012 la relación con las empresas era de distintos conciertos, licitaciones, prórrogas continuas y periodos de ejecución distintos superiores al acuerdo marco, diferentes precios e incluso no había ratio de personal.
Ahora, con el acuerdo marco, se ha mejorado la eficacia y la tramitación administrativa, además de mejorar la planificación. Donoso señalaba que varios técnicos visitan los centros cada tres meses para vigilar que se da el cumplimiento de los pliegos. Las empresas pueden poner a disposición de la administración pública un mínimo de 15 plazas y el máximo son las plazas autorizadas del centro.
El acuerdo marco es de 24 meses, prorrogable de la misma duración. Los criterios de adjudicación son en primer lugar la libre elección de los usuarios y si no se puede aplicar, se tendrá en cuenta los traslados que hay. "Cuando contratemos nuevas plazas veremos donde hay más demanda, y en el último momento se mira la oferta económica", reconocía.
Benedicto Caminero, director técnico de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, reconocía la dificultad en este área de su comunidad al tener un sistema territorial de dispersión y envejecimiento. En connivencia con la empresa, han decidido que el mejor modelo para los residentes es el de atención dirigida a la persona.
"La persona gobierna su vida. La salud es importante pero primero es la autodeterminación. Pasamos de planes de intervención a proyectos de vida y realizamos planes de apoyos acorde a su decisión de vida", explicaba. "Las residencias no son un hospital barato, son el hogar de las personas. Tomar decisiones es un derecho".
De hecho, reconocía que ya no se pueden hacer residencias que no sean una agrupación de hogares de máximo 16 personas mientras que el equipo de atención directa siempre debe ser el mismo, no rota. Con todas estas premisas han construido su acuerdo marco.
"A cada persona le ofertamos una prestación económica para que se pueda pagar al residencia, y que esté recibiendo esa prestación no quiere decir que no pueda estar en la lista de espera pública", apunta y reconoce que la persona tiene derechos económicos desde el quinto mes de la solicitud con la intención de reducirlo a tres meses.
"Cuando en 2012 bajaron las prestaciones, nosotros hicimos subidas que iban del 20% a 74% dependiendo de la categoría. La intención era que ninguna persona con su renta más la prestación no pudiera pagar una residencia de 1.100 a 1.500 euros", señalaba. No obstante, a los que no pueden pagar, el sistema les detecta y les pone en preferencia en las plazas públicas.
Diego Longás Alvarado, jefe de Servicio de Gestión de Centros y Servicios, recordaba que llevan ocho años haciendo acuerdos marco. "Nuestro mecanismo es bastante parecido al de Madrid" apuntaba. "El acuerdo marco tienen una bolsa de plazas. Es el dependiente el que elige al sitio al que quiere ir y con el acuerdo marco le damos muchas posibilidades para que elijan libremente", reconocía.
En el acuerdo se ofertan más 6.000 plazas de las que ocupan más de 1.000. "Nosotros no podemos prescindir de las mercantiles para gestionar esa tipología de plazas", reconocía. "Antes había convenios bilaterales rarísimos, que la inspección que nos decían que eran figuran contractuales disfrazas. El acuerdo marco vino a asentar un marco serio y estable".
Por señalar también algunos puntos negativos del convenio marco, apuntaba a la tardanza desde que se le asigna al ciudadano la plaza hasta que la ocupa y destacaban que en muchos casos no se quieren subir los ratios porque debería conllevar una subida de precios para que las empresas quisieran prestar el servicio. También aparecía el efecto cierre del acuerdo marco, que impide que entren más empresas hasta que pasa el plazo de vigencia.
"Tenemos un equipo que se dedica al seguimiento del contrato. A garantizar que se cumplen las condiciones con las que se contrató", reconoce. Además, reconoce que también han utilizado la fórmula del concierto social, pero que no ha sido reducida solo a entidades sin ánimo de lucro -como sí ha pasado en València-.
"Cualquier persona tiene que tener los mismos servicios, independientemente de donde sea atendido", señalaba José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE).
"Hay que dejar libertad de elección a las personas. Es un aspecto clave. Nosotros llevamos hablando del acuerdo marco 3 años, incluso con el anterior gobierno, para dar una respuesta a la situación", reconocía. Entre las ventajas está la de facilitar la capilaridad del sistema y que las personas que viven en poblaciones pequeñas puedan estar en las residencias más cercanas a sus casas. "Yo creo que eso es atención centrada en la persona".