Igualdad rescinde el contrato de limpieza en una residencia por impagos a trabajadores

ALENCIA, (EFE). La Conselleria de Igualdad ha decidido la resolución del contrato con la empresa Acister de Servicios S.A. para los servicios de limpieza, lavandería y mantenimiento de la residencia para personas mayores dependientes de Burriana por impagos reiterados a trabajadores y proveedores. Según ha informado la Generalitat, será otra mercantil la que se haga cargo de forma inmediata de la contrata y asuma la gestión y los atrasos adeudados con el personal.

La Conselleria ha adoptado esta decisión tras cerca de un año de retrasos a los casi 50 trabajadores por parte de la empresa adjudicataria, lo que había provocado una huelga indefinida, que ha sido desconvocada tras la decisión de resolución del contrato. La decisión de la Conselleria se basa en el incumplimiento del contratista por retraso en el pago a sus trabajadores desde el mes de enero de 2016, el impago de la nómina del mes de junio de 2016 más la paga extraordinaria, y el impago de los servicios relativos a la desinfección, desratización y desinsectación.

Fue en el mes de junio de 2013 cuando se formalizó la relación contractual entre la Conselleria y la empresa Acister de Servicios S.A. para llevar a cabo los servicios de limpieza, mantenimiento y lavandería. La duración del contrato finalizaba el 31 de octubre de 2016 y el importe del mismo era de 3'2 millones de euros.

Desde que la Conselleria conoció en marzo los retrasos e impagos al personal del centro, representantes de la dirección territorial de Castellón y de la dirección de la residencia de personas mayores de Burriana, han mantenido reuniones con representantes de Acister para requerirles el abono de las nóminas adeudas a los trabajadores.

El pago se fue realizando con atrasos hasta el pasado mes de junio, cuando después de un nuevo requerimiento y ante la falta de respuesta por parte de la empresa, la Conselleria de Igualdad inició el procedimiento de resolución del contrato.

La resolución del contrato cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, que están de acuerdo con la decisión de la Conselleria de finalizar este contrato por "incumplimiento culpable del contratista", han apuntado las mismas fuentes.