Tras varios años de informes, negociaciones y tira y afloja, previsiblemente la nueva ley de función pública valenciana será aprobada en Les Corts con el apoyo de los grupos que sustentan el Botànic.
El nuevo texto normativo nacerá obsoleto, desfasado y sin consenso. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, cuestionamos su necesidad y oportunidad puesto que su principal novedad será incluir, por primera vez en la historia de nuestra autonomía, la exigencia de acreditar el conocimiento del valenciano, tanto para el acceso a la función pública como para la provisión de sus puestos de trabajo o promoción.
La desfasada norma comenzó a elaborarse en el año 2016 con el nombramiento, a tal efecto, de una comisión de expertos en la materia. Ese mismo año se suscribía en la NAU un acuerdo por tres fuerzas sindicales, entre las que obviamente no estuvo CSIF, para la introducción en el texto de la ley de la exigencia de la acreditación de la competencia lingüística en el acceso a la función pública.
En 2017 el anteproyecto de ley se presentó a los sindicatos y pasó a estar, durante todo el año, durmiendo en algún cajón a la espera de que las discrepancias existentes en el Botànic sobre el requisito se resolviesen. Lamentablemente, al final, ganaron las cesiones entre socios de gobierno. Posteriormente, en 2018 se sometió a negociación colectiva. Fueron muy numerosas las alegaciones y aportaciones que efectuamos desde CSIF. Mostramos, asimismo, nuestro rechazo a tal exigencia. No obstante, la Administración se mantuvo inflexible con respecto a nuestros planteamientos.
Desde CSIF cuestionamos la oportunidad y necesidad de la norma puesto que con ella se procede a la reapertura de debates que tendrían que estar cerrados con las doctrinas de los tribunales. La exigencia de este requisito solo responde a cuestiones políticas e ideológicas.
¿Acaso la administración pública valenciana no ha sido respetuosa con el trato a la ciudadanía y los derechos que les protegen?
Así, la ley nacerá sin consenso por, entre otros aspectos, esta imposición, con lo que creará problemas allá donde no existían, vulnerará derechos y generará confrontación.
CSIF defiende en todo momento la importancia y riqueza de nuestra cultura e identidad propias. Pero las lenguas no pueden ser elementos de división y discriminación. Por ello, entendemos que la competencia lingüística debe continuar siendo, como hasta ahora, un mérito en el acceso a la función pública y no una condición sine qua non.
Además, la vigente LOGFPV ya reconoce el valenciano como mérito ponderado con carácter preferente, considerando su conocimiento como un requisito no preceptivo o excluyente, exigible a posteriori debiéndose realizar los cursos de perfeccionamiento que establezca la Administración.
La postura del Consell sobre el requisito lingüístico sorprende y contrasta con la que al respecto ha venido mostrando el Gobierno de la nación, que establece que las lenguas cooficiales de las CCAA que las tengan no pueden ser requisito, sino mérito para quienes quieran opositar o concursar por un puesto en la Administración. Y así se pronunció en el Congreso de los Diputados la ex ministra de Política Territorial, Carolina Darias.
El condicionante lingüístico se dicta por imposición, sin argumentación objetiva, respondiendo a un interés político que restringe derechos, que no favorecerá la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos y, lo más importante, no beneficiará la calidad del servicio que reciben nuestros ciudadanos. Además, no reconoce la existencia en nuestro territorio de determinadas zonas castellanoparlantes.
Como Administración, vamos a ser incapaces de atraer talento, sufriendo un importante coste de oportunidad: la pérdida de grandes profesionales con impecable formación, grandes méritos, amplias capacidades y habilidades, en suma, excelentes futuros servidores públicos. Cabe recordar que ciertas CCAA, por la exigencia del requisito lingüístico, han experimentado serios problemas para cubrir ciertos puestos de trabajo, como por ejemplo en el caso de los profesionales sanitarios.
Y esta norma será aprobada en un contexto en el que las AAPP reconocen las necesidades que tienen de personal cualificado para, entre otras cuestiones, llevar a cabo la gestión y ejecución de los fondos europeos para la reconstrucción o para hacer frente a la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19.
Así, si nada lo evita, a pesar del desacuerdo existente en el parlamento entre grupos políticos o de la protesta que, desde CSIF, encabezamos el pasado 1 de marzo, se avanzará en la imposición por ley del requisito lingüístico para acceder a un empleo en la administración pública valenciana.
Nuestra sociedad demanda y necesita unos servicios públicos de calidad. Para poder prestar esos servicios se requiere modernizar nuestra administración, potenciar su digitalización, profesionalizar al máximo el empleo público, adecuar las condiciones laborales y retributivas de las empleadas y empleados públicos, abordar de manera firme la situación de escasez, envejecimiento y temporalidad de las plantillas, además de regular cuestiones que se han visto recientemente tan necesarias como el teletrabajo.
Precisamente el teletrabajo ha sido fundamental para poder prestar el servicio en tiempo de pandemia, pero Conselleria de Administración Pública, lejos de apostar por el mismo, ha presentado un decreto restrictivo y farragoso al que desde CSIF nos hemos opuesto, ya que no contempla esta modalidad no presencial de prestación del servicio como un derecho del personal empleado público y que, además, no cuenta ni con el consenso dentro del propio Consell.
En definitiva, la nueva ley de la función pública impondrá el requisito lingüístico, pero desaprovechará la oportunidad de abordar el proceso transformador de la Administración Pública valenciana para que esta pueda dar respuesta a los retos del siglo XXI y al proceso de reconstrucción posterior a la pandemia.
Alicia Torres Palanca es presidenta autonómica de CSIF Comunidad Valenciana
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
