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GRUPO PLAZA

Un sindicato le acusa de nombrar a dedo a cuatro personas y mantenerlas tras ser descubierto

Imputado por malversación el diputado provincial de Bomberos Josep Bort, de Compromís

27/04/2019 - 

VALÈNCIA. El diputado provincial de Bomberos Josep Bort deberá acudir a declarar en calidad de investigado como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos el próximo día 8 de mayo al Juzgado de Instrucción número 13 de València. El caso se inició a raíz de una querella presentada por el Sindicat Valencià Republicà, que acusaba al diputado de Compromís y a otros tres funcionarios de dar a dedo cuatro plazas de mando en el Consorcio Provincial de Bomberos y de mantenerlas pese a saber que eran ilegales. 

La Fiscalía, por su parte, envió un escrito al juzgado pidiendo que la causa se declare compleja porque falta documentación y, sin ella, no puede decidir si solicitar el archivo o la tramitación del procedimiento. El caso contra Bort se inició a raíz de una querella en la que se les acusa de haber cometido delitos de malversación, prevaricación y de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Según el relato de los querellantes, en el año 2013 la presidencia delegada del Consorcio para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la provincia de Valencia aprobó la convocatoria, y las bases, para el nombramiento provisional de cuatro vacantes de la escala de inspección. Además, también se acordó crear una bolsa para posteriores vacantes. 

Durante el proceso se entregó un documento por parte de Intersindical para que, con el fin de no condicionar la puntuación de la entrevista, la aportación de los méritos se hiciera una vez publicada ésta. Por un motivo, según los querellantes: "Ya teníamos sospechas de lo que podía pasar". Según afirman, la dirección del Consorcio no atendió su petición.

El órgano técnico de selección lo formaron las cuatro personas que ahora están imputadas. Además de Bort, formaban parte Salvador Ballesta, presidente y funcionario de carrera; Javier Cuenca, secretario y funcionario de carrera, y José Luis Alegre, jefe de servicio de operaciones del Cuerpo de Bomberos del Consorcio. La base del concurso preveía que el sistema de elección se haría por concurso de méritos (formación y experiencia) y una entrevista para confirmar la idoneidad de los candidatos con preguntas que se valoraban de 1 a 5.

Se valoraba de 1 a 5 y sacaron un 0

Sin embargo, explican los querellantes que "varios candidatos obtuvieron una puntuación de 0 en la entrevista, algo imposible según las bases", y añaden que, además, "la página con las valoraciones no se publicó". Por todo ello, solicitaron revisar los expedientes de los participantes. En noviembre de 2013 les enseñaron lo que pedían, pero faltaba el documento anteriormente mencionado.

Entre las cosas que descubrieron cuando revisaron los expedientes estaba el hecho de que a algunos candidatos les valoraron, entre otras cosas presuntamente irregulares, "cursos que no se podían valorar o la falta de títulos oficiales para títulos oficiales de formación que sí se valoraron". De lo que no había ni rastro era del cuestionario de la entrevista. 

No obstante, lo más llamativo a su juicio fue que, cuando por fin pudieron ver las valoraciones tras una denuncia de un candidato, "los ceros coincidían con trabajadores que tenían los mejores resultados en la fase de méritos".

La denuncia anteriormente citada llegó a un juzgado después de que un aspirante pusiera un recurso de reposición por "dar plazas a dedo". Pero la falta de respuesta le llevó a, en 2015, interponer una demanda contenciosa. El Consorcio, ante la tesitura de ir a juicio, decidió estimar parcialmente, en febrero de 2017, el recurso al que no había hecho caso dos años antes, dejar "sin efecto la bolsa para la selección e iniciar los trámites para constituir otra".

Siguen en sus puestos

Pero, explican los querellantes, "más de un año después, no solo no se ha constituido la nueva bolsa, sino que los puestos que se ocuparon provisionalmente con los cuatro seleccionados del concurso, sigue ocupados por ellos". Ante eso, presentaron un escrito pidiendo una investigación y que se depuraran responsabilidades. En la querella afirman que "evidentemente todo continuó igual y el escrito fue ignorado".

Aseveran, además, que ese mismo año sí se convocó una plaza, pero no las cuatro bajo sospecha, pretendiendo "eludir los principios de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir y mantener a aquellos que la dirección decida, manipulando el concurso primero, evitando el pronunciamiento judicial después y, finalmente, asegurando el mantenimiento de los cargos ilegítimamente nombrados".

Ahora será un juzgado de instrucción de València el que decida si lo sucedido con las plazas del Consorcio fue un tema administrativo o si, por el contrario, hubo una prevaricación por parte de los investigados que acarrearía una malversación por el valor de los sueldos pagados hasta la fecha. 

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