Dos imputados apuntalan la tesis de Anticorrupción en el caso del 'pitufeo'

VALÈNCIA La pieza 'A' del caso Taula, la que investiga un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros cometido por cerca de medio centenar de personas entre asesores y concejales del PP de Rita Barberá, así como un delito electoral por parte del grupo municipal del PPCV, ha dado un vuelco de 180 grados después de que dos investigados quieran declarar voluntariamente, y apuntalar lo investigado hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción. 

Éstos imputados son Alberto Mendoza, el exconcejal de Seguridad y exasesor de otro presunto implicado, Miquel Domínguez, y la exdirectora de Estudios y Programas de Rita Barberá, Cristina Montalvá. Ambos han solicitado declarar de forma voluntaria en el juzgado.

La petición de declaración voluntaria "acreditará la tesis de la Fiscalía Anticorrupción", según ha podido saber este periódico. Es más, fuentes cercanas al caso explicaron a Valencia Plaza que los dos investigados han decidido pedir su comparecencia porque quieren explicar ciertos términos de la investigación que para los investigadores no estarían apuntalados, y que ellos podrían terminar de cerrar. Pero, al mismo tiempo, según estas fuentes, también quieren acreditar que "ninguno de los dos participó en el 'pitufeo', aunque la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, sí les ofreció la devolución del dinero".

La Fiscalía sospecha que 50 personas del entorno de Rita Barberà, incluida la exalcaldesa -de cuyo fallecimiento, dos días después de declarar en el Tribunal Supremo al ser senadora, se cumplen tres años este sábado- hicieron una supuesta donación de 1.000 euros cada una al partido al tiempo que recibían en negro la misma cantidad en dos billetes de 500 euros procedentes de la financiación ilegal del PP. Un blanqueo a pequeña escala que fue bautizado como 'pitufeo'.

Esta declaración, de producirse en los términos que las fuentes exponen, supondrá un antes y un después en la investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de València. Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción contaba con la declaración de cuatro testigos que se negaron a blanquear dinero y, junto a ellos, otra asesora municipal que dijo haber entregado el dinero (1.000 euros), que después García-Fuster se los devolvió, pero asegura que, tras recogerlos, los retornó a la ‘cajera’ de Barberá.

Si Mendoza y Montalvá confiesan que es cierto lo dicho por los testigos, dejan al filo del abismo judicial al resto de investigados y dan un giro de 180 grados al caso. De hecho, las defensas de los imputados se mostraron muy nerviosas este viernes tras conocer por la plataforma Lexnet la petición de declaración voluntaria de los dos investigados. 

‘Pitufeo’ 

En la causa conocida como caso Taula, destapada en enero de 2016 con una macrooperación policial, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del ‘pitufeo’. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y cometió un delito electoral.

La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los ‘pitufos’ fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la Ciudad de Valencia. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, varios años después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras varios de los investigados siguen en el Ayuntamiento de València cobrando un sueldo público como asesores.

La operación se desató el 26 de enero de 2016, cuando la UCO entró en el Consistorio. Aquella mañana, la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, había sido detenida. Los agentes entraron en los despachos del grupo y comenzaron a meter en cajas cientos de papeles. Entre ellos, las ya famosas libretas contables de la cajera. García-Fuster es de la vieja escuela y tenía anotadas todas las entradas y salidas de dinero del grupo, un hecho que, sin ella pretenderlo, ha sido clave para la investigación.

Todo había comenzado diez meses antes, en marzo de 2015. Según los investigadores, desde el PP municipal se pidió que todos los miembros del grupo aportaran 1.000 euros para la campaña, mil euros que supuestamente después les eran reembolsados en dos billetes de 500. 

El problema para los populares surgió cuando cuatro asesores, dos de Barberá y dos del vicealcalde, Alfonso Grau, se negaron a blanquear dinero. Estas cuatro personas se dieron cuenta de que había algo turbio en la propuesta de García-Fuster y no quisieron entregar el dinero.

Sin embargo, el rodillo de los investigados no ha parado de tratar de desacreditar a las únicas cuatro personas que no están acusadas. Desde hacer creer que todos trabajaban para Grau y que sus testimonios eran por venganza porque no iban a repetir como asesores, hasta filtrar temas de su pasado para intentar conseguir que su imagen pública cayera en picado. Sin embargo, los cuatro han mantenido siempre la misma versión y eran, son y serán una de las piezas clave en la investigación.