La mayoría de los valencianos y valencianas han hecho todo lo que han podido para ayudar a los afectados por la Dana. Cada cuál en la medida de sus posibilidades. Algunos simplemente ayudando a las personas más cercanas, porque casi todos y todas teníamos alguna. Otros cogiendo una pala o una escoba, ayudando a recoger alimentos, o participando en algún tipo de acción solidaria. Y aún así la sensación de impotencia, de trabajo inacabable, ha estado presente. Y si la hemos sentido los que empatizábamos, ni qué decir de quiénes lo vivían en primera persona como víctimas.
Y en estos momentos es cuando creemos que las administraciones deberían representarnos. No les exigimos que lo solucionen todo de forma inmediata o milagrosa, pero sí que se comprometan en lograrlo de la misma forma que lo está la mayoría.
Pero entre València y su ayuntamiento hay un abismo ya no de ganas de ayudar, sino de responsabilidad. Porque a diferencia de quienes han hecho lo que han podido de forma solidaria, la administración tiene una serie de competencias. Y donde no, debería hacer buena la frase del exalcalde de Vitoria José Ángel Cuerda cuando dijo que donde acababan sus competencias, empezaban sus incumbencias.
A diferencia de otros municipios afectados donde el porcentaje del pueblo arrasado es inmenso, donde hasta el propio ayuntamiento fue anegado por la Dana o donde los recursos municipales se los llevó el agua, la situación de la ciudad de València es la de un municipio con 1300 millones de euros de presupuesto, recursos disponibles y tres pedanías afectadas que suponen el 1,5% de nuestra población total.
Cualquiera pensaría que València habría podido dar una respuesta muy superior a la de otros municipios de su área metropolitana e incluso que podría haberse comprometido a actuar como capital y desplegar sus recursos en los pueblos con los que solo le separa la ficción de una línea administrativa, pero con los que comparte el día a día.
Sin embargo, tres meses después y un inicio de año nuevo nos permiten hacer balance. Solo esta semana conocíamos que los servicios de limpieza del ayuntamiento de València no hicieron ningún contrato de emergencia para poder hacer frente a la situación, mientras las propias pedanías de València tenían que ser limpiadas por voluntarios y voluntarias. La alcaldesa se hacía una foto, sacando pecho, de que iniciaban la limpieza de emergencia de las playas de la ciudad. Ahora, pese a que desde el primer día podía haberlo hecho e incluso haber girado esa factura al gobierno central con posterioridad, como han hecho ayuntamientos mucho más modestos.
Se presumía de haber pagado 1,2 millones de euros en ayudas (a comercios y profesionales, porque a familias por los daños materiales sufridos no se ha dado ninguna), lo que supone el 0,09% del presupuesto total del ayuntamiento. O los vecinos y vecinas de La Torre denunciaban que se habían cansado de esperar a que el ayuntamiento actuará y estaban teniendo que ser ellos mismos los que hicieran un censo de vecinos que necesitaban un realojo porque sus casas estaban inhabitables tras el paso del agua. En el ayuntamiento ni saben quiénes, ni cuántos, ni han ido siquiera a preguntarles, según denuncian ellos mismos.
Cada cual puede sacar sus conclusiones, pero dudo que haya mucha gente dispuesta a defender que el gobierno municipal ha estado a la altura. Diría que es imposible encontrar una administración que con más posibilidades haya hecho menos.
Y esto no solo desacredita a los responsables municipales, especialmente a María José Catalá como alcaldesa. De la que no sabemos si ha sido la intención de pasar desapercibida por cálculo político lo que le ha llevado a estar desaparecida. Sino que también deja una herida abierta en el ayuntamiento como institución.
En primer lugar, respecto a los vecinos y vecinas de las pedanías afectadas. Los que comentaban que creían que por una vez iban a sentir una ciudad volcada en ellas, al ser el único espacio arrasado por la catástrofe. Y que, sin embargo, han recibido un trato de segunda por parte de su consistorio. Como si el cauce nuevo del río fuera una barrera mental y no solo físico para determinados responsables municipales. En segundo lugar, para el conjunto del área metropolitana con los que más pronto que tarde habría que sentarse a establecer una estructura política común, un ayuntamiento de ayuntamientos, para poder tratar los temas que compartimos de facto.
Va a ser difícil convencer a nadie de compartir decisiones, cuando has dejado escrita una muestra de insolidaridad como la que ha grabado a fuego València, al haber pretendido que los ayuntamientos afectados pagaran la factura de los recursos que les ofrecía con cuentagotas. Y, por último, a una gran mayoría de vecinos y vecinas que esperaban, más allá del color de sus preferencias políticas, un ayuntamiento que se viera tan interpelado como ellos mismos por la situación.
Si la mayoría de las personas de esta ciudad, que directamente no habían perdido a nadie, ni sus coches, ni sus casas, ni sus negocios, sentían que la Dana les incumbía, ¿por qué María José Catalá ha sido prácticamente una espectadora, teniendo recursos suficientes para hacer mucho más de lo que ha hecho?
A veces bastaría con tener personas al frente de las instituciones que cumplieran con lo mínimo que se espera de ellas y ellos. Y esa reflexión vale para Mazón y también para Català, que no ha dudado en halagar la gestión del primero. Imagino que desde El Ventorro.