VALÈNCIA. Recientemente, el president Mazón ha expresado su inclinación por la independencia energética de la Comunitat Valenciana y ha instado una “conjura” para lograrla. La búsqueda de la autarquía energética constituye una aspiración que ha dispuesto de muy diversas manifestaciones, incluidas fantasías sobre inventos mágicos, como la que llegó a engañar al general Franco. Pero, en nuestro caso, la posición del president se ha apoyado sobre algo bien tangible: la continuidad de la central de Cofrentes, más allá de 2030, pese al Protocolo firmado por las empresas nucleares en 2019 y a lo previsto en el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado por el gobierno central en diciembre de 2023, que contempla el cese total de la actividad de las centrales ubicadas en España.
Sin embargo, algunas cosas chirrían. De entrada, porque la Comunitat Valenciana forma parte de un mercado energético integrado que fija precios aplicables por igual en todo el territorio, con independencia de dónde se sitúen las fuentes de generación de la electricidad: la continuidad de Cofrentes no asegura en ningún caso mejores precios en el mercado diario de la luz. Pero hay más, porque donde el president dice “independencia” más bien debería leerse “dinero”; y no dinero en abstracto, sino dinero para Iberdrola, propietaria y gestora de la central de Cofrentes. En todo caso será dicha empresa la directa beneficiaria de cualquier prórroga. Con mayor motivo cuando la vida útil de una nuclear se calcula en torno a 40 años y, precisamente, el pasado 14 de octubre, se ha cumplido el 40º aniversario de la conexión de la central a la red eléctrica.
Lo que el president Mazón tampoco ha mencionado es que esa “independencia”, que vendría justificada por el equivalente al 45% de la electricidad valenciana que genera Cofrentes, es una aspiración frágil por otros motivos: lo es porque Iberdrola tiene su sede social en Bilbao, y es allí donde toma sus decisiones; lo es porque los tres principales accionistas de Iberdrola no son siquiera españoles: un fondo de Qatar, otro de Estados Unidos y un tercero gestionado por el banco central de Noruega. Unos accionistas de referencia que mandan sobre el señor Galán, presidente de Iberdrola, y el resto del consejo de administración: un órgano societario sin ningún valenciano que sólo dispone del 0,26% de las acciones, frente al 20% de los fondos mencionados (dos de ellos con amplísimos intereses indirectos en la explotación de combustibles fósiles).
Por lo tanto, las decisiones sobre Cofrentes dependen, en última instancia, de fondos de inversión que se mueven sobre dunas o navegan entre fiordos. ¿Se le puede llamar “independencia”? ¿Es “independencia” que el material radioactivo de las centrales se importe de otros países?
No, la independencia en versión Generalitat no existe: lo que sí existe es un fenómeno llamado globalización que afecta a Iberdrola y a otras energéticas que todavía se adjetivan, sin excesivo fundamento, de españolas. Lo que sí existe es una intrincada combinación de intereses estratégicos empresariales. Intereses como los que motivaron el traslado de Madrid a València, en 2008, de la sede de la filial Iberdrola Energías Renovables. Una decisión que se consideró “un gesto” con la Comunitat, por su importancia para Iberdrola; pero, como nos ha sucedido en otros asuntos, aquél detalle tuvo caducidad: en 2021 la sede voló a Bilbao (¿fue un “gesto” con los valencianos o tuvo algo que ver la compra por Bancaixa, en 2007, de hasta el 6% de Iberdrola?).
Ocurre, asimismo, que la vehemencia del president de la Generalitat va mucho más allá del prudente discurso expresado por el Sr. Galán, presidente de la empresa: en su reciente presentación de los resultados de Iberdrola durante los primeros nueve meses de 2024, -cifras espectaculares, aunque influidas por algunos atípicos-, se ha mostrado prudente: aspirará a la continuidad de Cofrentes, más allá de la fecha prevista, siempre que haya previsiones de rentabilidad; un objetivo que en este momento choca con el pago de la llamada tasa Enresa, esto es: el importe que las nucleares pagan a dicha empresa por la costosísima gestión de los residuos nucleares. Costes que, en el futuro, se estima que alcanzarán 20.220 millones de euros, a sufragar por las empresas propietarias las centrales. Unas previsiones que se quedarían cortas si continuase la actividad de las nucleares más allá de las fechas previstas, puesto que cada año de prórroga implicaría acumular nuevos residuos.
Con todo, lo más llamativo de la crida a la independencia energética es que ésta tenga como gran foco de atención Cofrentes y se deje de lado a las empresas de renovables que, justamente, se han mostrado disconformes con tal opción de la política autonómica. Sí, puede haber ahora más autorizaciones de renovables, como ha recordado el señor Mazón, pero no se confunda la obligación legal de la Generalitat con una obligación de pleitesía empresarial. Ni tampoco se olvide que estas empresas son la mejor alternativa para la consecución de energías limpias permanentes y sin residuos peligrosos con altísimos costes de almacenaje y gestión. Unas energías que gozan de mayor seguridad y disponen, en la Comunitat Valenciana y España, de unas condiciones naturales que las convierten en altamente competitivas.
Y aún hay más, sobre todo cuando se habla de la seguridad jurídica como gran argumento de la Generalitat en la atracción de inversiones privadas: cualquier inversor en renovables que haya tomado su decisión considerando la parada definitiva de Cofrentes en 2030 y la liberación de su 45% de cuota en el mercado eléctrico valenciano, es probable que se sienta negativamente afectado por el independentismo energético ahora reclamado y su identificación con la nuclear, como si el sol y el viento locales no fueran de la terreta.
Si se quieren evitar nuevas líneas divisorias entre los valencianos, entre las empresas y con otras administraciones, déjese que lo acordado en su momento con las nucleares siga su ruta y que lo nuevo se abra camino, acelerando la transición energética. En este terreno la Generalitat sí dispone de un campo de juego propio. No sólo con las autorizaciones de renovables, sino defendiendo la capilarización y mallado de la red eléctrica (sí, nuevos postes y nodos que permitan transportar y comercializar la energía solar y eólica). Vigilando la competencia del mercado eléctrico, una vez desaparecida la posición dominante de Iberdrola. Apoyando la transparencia e igualdad de oportunidades en los contratos a plazo demandados por las mayores empresas consumidoras de electricidad y parte de los usuarios domésticos.