Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. La multinacional Indra se ha adjudicado el mantenimiento de la plataforma de la Comunitat Valenciana para obtener el certificado covid, más conocido como pasaporte covid. Así se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, donde la compañía se ha adjudicado el contrato por 299.350 euros y que implicará prestar servicios por un año. Una plataforma que sostiene un sistema que ya está prácticamente en desuso, al no solicitarse ya en la mayoría de países.
De acuerdo con las consideraciones de los pliegos, Indra tendrá que continuar con las funciones que ofrece el servicio software hasta ahora, es decir, generar y enviar los certificados digitales con la información de la Generalitat al Ministerio de Sanidad, sincronizar ambas bases de datos y validar los documentos que acrediten la pauta completa de vacunación, una recuperación reciente del virus o un resultado negativo con PCR o antígenos.
Asimismo, tendrá que mejorar el soporte de incidencias, adaptándose a su vez a la evolución de la pandemia y, por ende, a la posible modificación de la normativa europea que supervisa la emisión de los certificados covid en España, donde las autonomías se encargan de emitirlos en formato PDF o QR con el apoyo técnico del Gobierno central. A la licitación también se presentaron otras tres compañías: NTT Data, Global Rosetta y Planificación de Entornos Tecnológicos.
La adjudicataria pasará por tres fases del proyecto. Para la puesta en marcha, llevará a cabo un plan director durante las dos primeras semanas, con la finalidad de establecer los objetivos, el alcance, presupuesto y duración de la actuación, entre otras premisas. Esta primera parte del proceso será determinante para que la compañía demuestre que está preparada para comenzar su actividad y pueda obtener luz verde por parte de la Conselleria.
En la segunda fase del proyecto, la empresa prestará sus servicios hasta llegar a la fase de devolución, cuando el contrato finalizará y se traspasará la información a la Conselleria o al próximo adjudicatario. En el plazo de ejecución del contrato, la compañía deberá cumplir una serie de obligaciones, entre las que se encuentran el respeto de la normativa europea de protección de datos personales y a los derechos de explotación y propiedad intelectual.
Por un lado, el acceso a datos personales por parte de la entidad “no se considerará comunicación o cesión de datos”, según rezan los citados documentos, y la compañía deberá notificar en todo momento a la Administración los movimientos relativos al tratamiento de esta información en las reuniones de seguimiento.
Por otra parte, en materia de propiedad intelectual, la los pliegos establecen que la Conselleria podrá reproducir y publicar aquellos estudios creados por la empresa a lo largo del período del acuerdo, “sin que puedan oponerse a ello los autores de los trabajos”. “Todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones desarrolladas corresponden únicamente a Sanidad”, especifican.