Han transcurrido ya casi dos meses de la terrible catástrofe que asoló a más de 70 poblaciones de la provincia de Valencia. Con un balance terrible de 223 muertos y 3 desaparecidos. Lo que ya ha ocurrido no se puede cambiar y serán otros los que deberán pedir y reclamar responsabilidades por las decisiones tomadas y sus consecuencias. Pero en estas líneas creo preferible mirar al futuro.
Creo que a los ciudadanos de todos los signos y colores nos gustaría conocer -para poder entender y valorar las decisiones y acciones- quién va a hacer qué, cuándo y cómo.
Si algo se demostró en los días aciagos posteriores al 29 de octubre es que la ausencia de información fiable genera daños relevantes. No hablo ahora de los daños a la vida humana. Me refiero a la incertidumbre y desconfianza cuando no sabemos qué es lo que pasa. Durante un periodo de tiempo excesivamente largo las bailantes cifras de muertos y desaparecidos generaron todo tipo de dudas y bulos. Sensación de impotencia y un aumento considerable de la desconfianza.
Un buen gobierno comienza por la transparencia. Y la transparencia exige datos fiables y confiables.
Porqué digo esto, porque leo todos los días la prensa, veo imágenes y pienso. Realmente ¿hemos avanzado? La sensación es de impotencia, de cifras y datos parciales que ametrallan al lector que no puede ver el bosque con tanta rama cortada. Se echa de menos un conjunto de indicadores, un cuadro de mando, que marque lo que se ha perdido, lo que se ha reconstruido y los plazos de lo que queda por hacer. Una información que aúne lo que desde cada administración -ayuntamientos, diputación, gobierno autonómico y gobierno central- se está prometiendo, se está implementando y se ha llevado a cabo.
Tenemos en la Comunitat Valenciana instituciones independientes del ámbito político acostumbradas a manejar datos e información, a crear observatorios sobre realidades diversas, que deberían recibir un encargo de este tipo. Alguien debería recibir el encargo de sistematizar de una forma independiente, transparente, la información sobre la reconstrucción en los diversos niveles de intervención: hogares, empresas, infraestructuras y un largo etc.…
Por ejemplo, en el caso de los hogares algunos indicadores de la reconstrucción deberían incluir ¿cuántos siguen sin luz?, ¿cuántos sin agua o gas?, ¿cuántas personas están desalojadas?, ¿cuántos garajes en los hogares por vaciar? o ¿cuántos ascensores inutilizados?
Si hablamos de las poblaciones dañadas, ¿cuántos vehículos retirados?, ¿cuántas calles por limpiar? ¿Cuánto mobiliario urbano por reemplazar? ¿Cuántos locales -centros de salud, centros de día- dañados? ¿cuántos coles cerrados?
¿Y en el ámbito comercial y empresarial? ¿Cuántos locales reabiertos? ¿Qué dotaciones se han perdido en los polígonos industriales? ¿Reaperturas, cierres?
En el nivel estatal, ¿cuántos kilómetros de carreteras recuperadas?, ¿cuántos de vías férreas?
¿Cuántas ayudas han sido demandadas? ¿Cuánto de lo demandado ha sido aprobado? ¿Cuánto ha sido recibido?
Y podríamos seguir y seguir … con muchas preguntas más. No es mi pretensión ser exhaustiva, para ello hay especialistas, pero me gustaría poder conocer una hoja de ruta: objetivos, secuenciación, plazos, responsables. Qué, cuándo, quién.
La tarea de reconstrucción es tan amplia que necesitamos saber para no desfallecer. Saber lo que se está avanzando, que es seguro mucho. Pero saber también qué es lo que queda por hacer y cuándo se va a hacer, que es sin duda mucho más de lo que se ha hecho.
Sin información fiable y contrastable, abonamos el mundo de los ruidos y los bulos. Y peor, se crea una sensación de impotencia y de desesperación. Nadie dice que el proyecto de reconstrucción vaya a ser fácil, ni rápido, pero saber quién va a hacer qué, cuándo y cómo estaría bien.
Tener información sería un primer paso. Nos ofrecería transparencia sobre lo que cabe esperar en los próximos meses, sobre lo que falta, los objetivos que se pretenden alcanzar y los plazos para hacerlo. Un buen gobierno de la reconstrucción tras la Dana debería ofrecer transparencia a los ciudadanos, mejorando así la confianza en las instituciones implicadas en la reconstrucción e incrementando de este modo la posibilidad de contrastar y controlar la veracidad de sus declaraciones y acciones.
Ahí lo dejo.