VALENCIA. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deja en evidencia al PP de la ciudad de Valencia liderado de manera implacable durante 24 años por Rita Barberá. Dicho informe acredita presuntamente la existencia de una cuenta bancaria creada ex profeso para financiar al partido de “la jefa” en las campañas electorales.
Una financiación que constaría de entrada de dinero de empresas que trabajaban supuestamente pagando mordidas al partido de la actual senadora y ex primera edil.
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De hecho, el informe en sus conclusiones afirma: “Los hechos descritos (contados más abajo) son constitutivos de una serie de infracciones relacionadas con la financiación irregular del Partido Popular, algunas de las cuales son constitutivas de sendos delitos electorales relativos a las elecciones municipales de 2011 y 2015”.
Según acredita el informe policial, existía una “ausencia de control en la recepción y uso de fondos”. Aseveran que “la cuenta se utilizaba como si de la cuenta del partido se tratara pero con la ventaja de que suponía que al estar bajo la titularidad del Grupo Municipal, pero permaneciendo fuera del control de ningún órgano de fiscalización”.
En referencia a los ingresos de la cuenta, la UCO dice que “le permitía hacer ingresos bajo conceptos tan indeterminados como los precipitados ‘ingresos CYA’ o ‘aportaciones CYA’ que ocultan verdaderas donaciones al partido político, y que debían haber sido canalizadas a través de la cuenta específica de donaciones que prevé la ley”.
Con respecto a la recepción de fondos, explican los agentes que “esta ausencia de control en la recepción de esos fondos tiene como consecuencia lógica que tampoco existe control alguno en el uso que se hace de los mismos, existiendo claros indicios, entre otras la propia declaración de la secretaria del Grupo Municipal del PP, que indican que se utilizaron para gastos electorales. Unos gastos que, por otro lado, no eran fiscalizados por nadie por resultar imposible al desconocerse su existencia”.
Lo que suponía para la UCO que “el PP de la ciudad de Valencia podía superar los techos de gastos electorales establecidos sin que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido”, o lo que es lo mismo, que existía presuntamente una entrada de dinero de la cual nadie sabía nada, más allá de las personas conocedoras y partícipes de esta supuesta financiación irregular.
La UCO destaca en su informe que varias empresas que tenían contratos con el consistorio, eran también las que presumiblemente financiaban al PP de Barberá. Entre ellas, en el informe se habla de Trasgos. Una empresa de cabecera del PP de la exalcaldesa, tanto dentro como fuera de los procesos electorales.
El informe recuerda que la estrategia de defensa de la cajera del PP fue, ni más ni menos, que achacar toda la culpabilidad de entrada de dinero en B a una persona que no quiso identificar en ningún momento, aunque fuera ella la persona que, según ella misma reconoce en su declaración, ingresaba el dinero en la cuenta que se investiga.
Es por tanto que este informe dejaría acreditado un extremo que se está investigando desde hace meses en el juzgado, que además sumó una denuncia al margen presentada por Compromís, y que está a la espera de que se cree una pieza separada que no afectará a los investigados por el pitufeo, sino al partido liderado por Mariano Rajoy ya que el delito electoral sólo puede afectar a personas jurídicas que, en este caso, se refieren únicamente al PP nacional.