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el billete / OPINIÓN

Infravacunación: dos hipótesis

28/02/2021 - 

Me da mucha envidia ver la página del portal de transparencia de la Junta de Castilla y León donde, desde el 5 de enero y tras pedir perdón por la 'tardanza' –la campaña empezó el 27 de diciembre–, actualizan cada día la información de cuántas personas se han vacunado y a qué grupo de vacunación pertenecen... A la consellera de Transparencia, también le debería dar envidia, pero se ve que Rosa Pérez está más en temas de memoria histórica que en continuar la labor de Manuel Alcaraz. En la Conselleria de Sanidad Universal la transparencia es una pared de vidrio esmerilado tras la que se atisba una difusa luz que no es más que propaganda. Las preguntas para arrojar algo de claridad rebotan contra el muro y en el mejor de los casos quedan sin respuesta; en el peor, la respuesta es falsa.

Este periódico está cansado de pedir datos a Sanidad para mantener informados a los lectores más allá de la versión oficial, pero no hay manera. La última vez, este jueves, cuando la consellera Ana Barceló se comprometió a facilitarnos las cifras de valencianos que integran cada grupo de vacunación, del 1 al 4. Como nos temíamos, pues no es la primera vez, acabada la rueda de prensa se cerró la puerta de la supuesta transparencia y nos quedamos sin los datos.

La opacidad es preocupante pero hay un supuesto peor, y es que en este caso se deba a que Sanidad no tiene esos datos, que la Conselleria no sepa cuántos mayores tiene en residencias y cuántos trabajadores se ocupan de ellos (grupo 1), cuánto personal sanitario de primera línea (grupo 2) o resto de trabajadores de la sanidad (grupo 3) tiene para vacunar, y cuántos grandes dependientes que viven en sus casas integran el grupo 4.

Foto: DANIEL DUART

Esto puede parecer descabellado, pero el pasado jueves la patronal de las residencias Aerte daba la voz de alarma porque Sanidad se había olvidado de vacunar a las personas con enfermedad mental crónica o trastorno mental grave que viven en viviendas tuteladas sometidas a las mismas restricciones que las residencias de mayores (grupo 1). Están sin la primera dosis dos meses y un día después de iniciarse a bombo y platillo la campaña de vacunación y a pesar de que Aerte reclamó por escrito el 25 de enero que se les incluyera como prioritarios y que la vicepresidenta Oltra hizo lo propio el 10 de febrero.

¿Para qué pide este periódico los datos de población de los cuatro grupos prioritarios? Pues para averiguar los motivos por los que la Comunitat Valenciana ha sido, con diferencia, la más penalizada en el reparto de vacunas. Hace más de una semana que venimos publicando informaciones sobre la gran diferencia de dosis recibidas respecto al resto de CCAA. Hemos pedido explicaciones al Ministerio de Sanidad y a la Conselleria y se escudan en lo de siempre, que el cálculo lo ha hecho unos técnicos/científicos que al parecer son infalibles. Dado que los números son ilógicos, hemos pedido al ministerio que dirige Carolina Darias los datos y las fórmulas utilizadas, de momento sin respuesta.

Obviamente, esto no es una cuestión de "nacionalismo de vacunas" como la ha llamado Ximo Puig, ni cabe imaginar que el Ministerio de Sanidad quiera perjudicar a los valencianos. Tampoco quiere nadie castigarnos con la financiación autonómica, donde se limitan a aplicar unas fórmulas aprobadas en su día con las que la Comunitat Valenciana sale perjudicada año tras año. La infrafinanciación no es un castigo orquestado contra los valencianos, es un error que nadie parece interesado en corregir –tampoco está entre los asuntos con los que PSOE y PP están pasteleando estos días–, y la infravacunación es otro error. 


¿Dónde está el error del que, por supuesto, nadie se hará responsable? Pues uno tiene dos hipótesis, a falta de poder confirmar una, otra o las dos –no son incompatibles– con los datos que de momento nos niegan. La primera es que el Ministerio de Sanidad utilizó los datos del grupo 1 (personas mayores en residencias) para calcular las vacunas de los grupos 1 al 4, incluso el 5 (mayores de 80 años). Barceló justificó el otro día el reparto "equitativo" del Ministerio en función de "la población diana" que hay que proteger y que "debe ser atendida con los viales de Pfizer".

Efectivamente, la Comunitat Valenciana puede que sea la que menos personas mayores en residencias tiene –no lo sabemos porque no nos dan los datos– y sería comprensible que reciba menos dosis que la media para ese grupo. Pero resulta que la vacuna de Pfizer se administra también a los grupos 2 y 3 (personal sanitario), al 4 (grandes dependientes) y al 5 (mayores de 80 años). Y aquí sí que hay datos que en ningún caso justifican que estemos recibiendo el 8,2% de las vacunas de Pfizer cuando por población nos tocaría el 10,66%.

La segunda hipótesis es que cuando Ana Barceló envió a Madrid los datos de grupos de riesgo –en el Ministerio aseguran que el cálculo se hizo con los datos que aportaron las CCAA– los envió incompletos. Es un hecho que se olvidó de los enfermos mentales en viviendas tuteladas y es probable también que se olvidara de los miles de trabajadores de la sanidad privada, a los que se incluyó en el calendario cuando protestaron, ya iniciada la campaña. De manera que para los grupos 2 y 3 –más de 60.000 personas solo en la Sanidad pública– también llegaron menos vacunas de las que nos tocaban.

El resultado de todo ello es que el proceso de vacunación en la Comunitat Valencia va muy por detrás del resto de CCAA, a pesar de la sobredosis de comunicados y fotos oficiales que hacen que gente perteneciente a la 'población diana' se pregunte por qué no la llaman si todo va tan bien. A lo que hay que sumar la desorganización en la sanidad pública valenciana que ha llevado a que se ponga la vacuna de Pfizer a alcaldes, a un líder sindical o al camarero del bar de un hospital antes que a los ancianos o los enfermos mentales enclaustrados desde hace meses en las viviendas tuteladas.

La Comunitat Valenciana ha registrado en los dos meses que llevamos de vacunación más de 3.800 muertos, el 20 % de los de toda España. El retraso en la protección de los más vulnerables es, pues, un asunto grave.

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