Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EFE). El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València (COGITI) ha denunciado el "embudo administrativo" con retrasos de más de un año del Ayuntamiento de la capital valenciana en la concesión de licencias de actividad, lo que "está generando la fuga de empresas en la ciudad".
"En estos momentos, el embudo administrativo en la concejalía de Urbanismo del Ajuntament de València está provocando que centenares de empresas que se quieren implantar e iniciar la actividad en València paralicen sus inversiones o las demoren", han denunciado desde el organismo colegiado en un comunicado.
En concreto, han explicado que el Certificado de Compatibilidad Urbanística (CCU) es un documento que se solicita al consistorio para iniciar cualquier tipo de actividad en la Comunitat Valenciana según la ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades.
Así, cuando se solicita el CCU, pasados 30 días se puede presentar el proyecto de actividad y obras junto con la declaración responsable, pero, han detallado, "el problema es que el consistorio puede contestar pasado el plazo del silencio administrativo e incluso una vez terminadas las obras y hacer un requerimiento, respecto a dicha compatibilidad urbanística que ya no se pueda subsanar o que haga inviable el proyecto".
Por ello, han dicho, los inversores deben esperar a obtener el CCU pero, cuando el plazo de su obtención se dilata en el tiempo, "como está pasando actualmente, estos deciden no llevar a cabo la inversión por la inseguridad jurídica que conlleva".
"Según hemos podido constatar mediante conversaciones con distintos colegiados el Ayuntamiento tardaba en otorgar el CCU entre 15 días y un mes y medio y ahora, para hacer grandes proyectos como un 'coworking', hoteles, fábricas o discotecas, por poner un ejemplo, están tardando un año o más", han lamentado.
Además, pasado este tiempo, cuando la Administración contesta, se inicia el trámite de la licencia urbanística que, en caso de no ser por declaración responsable, "supone una demora adicional al inversor de un año para que se le conceda", han añadido.
Para el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València, estos retrasos son "inadmisibles" ya que "están provocando que muchos inversores y promotores se estén llevando sus proyectos a otras ciudades, como Málaga o Granada".
"Hemos normalizado los retrasos de los ayuntamientos, pero no de dos años, y así es imposible que se decidan a invertir en València", han considerado.
Asimismo, han asegurado que el Colegio "ha tendido la mano al Ayuntamiento de València en varias ocasiones para ayudar a resolver expedientes administrativos" ya que, al ser una corporación de derecho público, tiene la capacidad legal de poder colaborar con el consistorio para resolver expedientes.