Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Son algo más de 430.000 a lo largo y ancho de todo el territorio valenciano, pero apenas se conoce el estado de conservación de un puñado de ellos. Los edificios antiguos de la Comunitat, aquellos que ya han visto transcurrir al menos medio siglo desde su construcción, tienen como cuenta pendiente pasar la denominada ‘ITV’ de los inmuebles, un documento obligatorio que evalúa su accesibilidad, mantenimiento y eficiencia energética. Por ahora, y pese a que la Generalitat ya prepara las primeras sanciones, solo el 3,6 % de estas viviendas lo posee. El porcentaje, además, es todavía inferior en las áreas rurales y del interior.
Este documento, cuyo nombre técnico es Informe de Evaluación del Edificio de uso residencial de Vivienda (IEEV.CV), está regulado por la normativa autonómica y es obligatorio para aquellos edificios con más de 50 años, así como para las comunidades de vecinos que quieran solicitar alguna ayuda pública para acometer reformas o rehabilitar la estructura. No obstante, en la práctica, pocos son los edificios que han pasado esta revisión.
Lo cierto es que en 2014, y en lugar de proceder directamente a multar, la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) fijó un plazo escalonado de adaptación según la antigüedad de los edificios. Una moratoria que expiró en diciembre de 2020 para los inmuebles construidos antes de 1901 y que activa este mismo año el régimen sancionador. El resultado es que ahora, cuando ya ha decaído ese periodo transitorio para un buen número de propiedades, la implantación del IEEV.CV sigue siendo escasa.
"Es una cuestión cultural. Por desgracia, no tenemos la costumbre de mantener nuestro patrimonio en condiciones”, reconoce Alberto Rubio, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética en el Gobierno valenciano. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda están intensificando los esfuerzos de concienciación sobre este documento, necesario para advertir posibles deficiencias y prevenir futuros problemas de la estructura.
A la vista del bajo porcentaje de certificados, desde las instituciones y los colectivos de profesionales se apunta a otros factores además del cultural. Uno de ellos sería el desconocimiento de este documento, fundamental para evitar graves incidentes en los edificios de la Comunitat. “A este tipo herramientas no se les presta atención”, reflexiona Rubio, quien no obstante también entona el mea culpa en nombre de la Administración. “Quizás tampoco le hemos dado la suficiente difusión a sus virtudes”, señala.
El símil con la ITV convencional es casi obligado. La mayoría de los ciudadanos la pasa en sus vehículos para detectar deficiencias y evitar accidentes, y en los inmuebles las ventajas son prácticamente mismas. “Los propietarios tienen que ser conscientes de que con el IEEV.CV pueden saber si tienen alguna instalación que renovar o modificar para evitar problemas y resolverlos. Se trata de tener un diagnóstico para comprobar si el edificio tiene alguna patología por fisuras o daños en la estructura”, destaca Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Fincas de València y Castelló. Además, advierte de que si no se llevan a cabo actuaciones de conservación el propio edificio pierde valor.
Los administradores son los profesionales que se encargan de apercibir a la comunidad de propietarios de la obligatoriedad de cumplir con esta norma autonómica, y dejan siempre constancia de que estos han sido informados. Pero, tal y como confirman, no siempre son escuchados. “El que se opone normalmente es por desconocimiento. Hasta ahora las administraciones no multaban y, aunque en España hay obligaciones, sin sanciones esto es dado a no cumplirse”, reconoce Cucala. Según explica, el desembolso por vivienda oscila entre 45 y 60 euros y, por tanto, cuando el profesional comunica el importe a los vecinos estos suelen preguntar si existe sanción. “En aquel momento tenías que decir que no, pero ahora sí que las habrá y evidentemente eso será un impulso para evitar esas reticencias”, comenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Fincas de València y Castelló.
Foto: RAFA MOLINASegún la Generalitat, las multas por no poseer esta ‘ITV’ de los edificios se encuentran entre los 600 y los 6.000 euros y recaerán sobre los propietarios. Es una sanción a la que ya están expuestos todos los inmuebles construidos antes de 1901, pero desde la Conselleria de Vivienda señalan que, solo por el momento, su postura es la de advertir. “Este es el primer año y muchos de esos edificios no están habitados. Nuestro criterio es el de avisar de que el próximo ejercicio más de 160.000 inmuebles van a entrar en régimen sancionador, y entonces seremos más estrictos”, revela Rubio.
Así, desde el 1 de enero de 2022 todos los edificios anteriores a 1950 deberán contar con su informe de evaluación, y ya en 2023 se sumarán a ellos los que se edificaron entre 1951 y 1971, esto es, el grueso del parque inmobiliario de la autonomía valenciana. “Tenemos que hacer pedagogía porque esta cuestión es muy importante para garantizar la calidad del patrimonio”, subraya el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética.
Pese a que la ausencia de esta ‘ITV’ de los edificios es más que generalizada en toda la Comunitat, la situación se agudiza aún más en los entornos rurales y de interior. Es un escenario que se comprueba fácilmente en Castellón, la provincia que agrupa a muchos de los municipios en riesgo de despoblación de la Comunitat y, además, la que menor porcentaje de inmuebles con IEEV.CV presenta. “La mayoría de estos informes se realizan en las grandes ciudades, en los municipios pequeños ni los conocen”, confirma Rubio.
Así, solo el 2,3 % de los inmuebles construidos hace más de cincuenta años tiene el informe obligatorio en esta provincia. “Se da el caso también de que sobre todo en el interior de la Comunitat Valenciana los inmuebles son segundas residencias”, prosigue Alberto Rubio, quien reconoce que ello es igualmente un factor que fomenta “que se descuide su conservación”.
En este sentido, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética indica que la “inmensa mayoría de los pueblos de Castellón apenas tiene una vivienda con IEEV.CV”. De hecho, y según puede constatarse en el visor cartográfico del a Generalitat, en municipios de menos de 10.000 habitantes como Alcalà de Xivert o Traiguera ninguno de los edificios de más de medio siglo ha pasado esta ‘ITV’. Por su parte, en la provincia de Alicante el porcentaje de viviendas de más de cincuenta años que poseen el documento se eleva al 3 %, a la vez que Valencia se consolida como la que más de estos informes presenta, con un 4,5 % de su parque.
Del mismo modo, y pese a que los fondos europeos prevén destinar 6.800 millones de euros a la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana, desde la Generalitat advierten de que para optar a ellos será imprescindible el IEEV.CV. “Los fondos van a articularse desde el llamado ‘libro del edificio existente’, y el informe de evaluación es uno de los documentos que estarán allí recogidos”, afirma Rubio, quien sostiene que la inspección adquirirá entonces “una importancia mayúscula”.
Para promover la implantación de la ‘ITV’ de los inmuebles, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha previsto también ayudas dotadas con dos millones de euros cuya convocatoria está abierta hasta finales de junio. Esta partida contempla, por ejemplo, una subvención básica del 20% del importe del IEEV.CV en las solicitudes de edificios construidos hace más de medio siglo. En total, la suma puede alcanzar 4.500 euros en función del número de viviendas y superficie.
