VALÈNCIA. (EFE) La Plataforma de Inquilinos de Inmuebles con opción a compra de Aumsa ha denunciado que la Concejalía de Urbanismo de València pretende aprobar la venta de 110 viviendas de protección oficial (vpo) en base a un dictamen que, según afirman, incluye información falsa y errónea.
El próximo lunes 21 de junio a las 11:30, se celebra el Consejo de administración de la empresa municipal Aumsa, en el que se pretende dar cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu (CJC) y aprobar la veta de esas viviendas y anejos en arrendamiento con opción a compra de las promociones en la calles Arquitecto Segura de Lago 5, Maldonado 5, Osset 2, Trafalgar 32 y 34 y Avenida Maestro Rodrigo 70.
El citado dictamen concluyó que la empresa municipal Aumsa no puede alterar los precios de venta de las Viviendas de Protección Oficial (VPP) que previamente había adjudicado a través de una oferta pública de viviendas con unas condiciones concretas de localización, tamaño y precio, según indicó el propio Ayuntamiento de València en un comunicado remitido el 4 de junio de este mismo mes.
La Plataforma tuvo acceso al citado informe ese mismo día y, tras analizarlo y consultarlo con sus nuestros abogados, detectaron que "las conclusiones en las que se basan para dictaminar que no pueden alterarse los precios no pueden aplicarse a nuestra situación, ya que están basadas en informaciones sesgadas y erróneas".
El CJC basa sus conclusiones, según la Plataforma, en que en el momento de la oferta pública de viviendas se conocía de forma detallada toda la información de las viviendas objeto: ubicación, tamaño o precios y hace referencia "tanto a la oferta de vivienda pública como a la web de la empresa municipal donde aparece detallada toda esa información".
Sin embargo, la información específica de las viviendas ofertadas "es accesible ahora, no hace 10 años, que es cuando se produjo la oferta pública para las promociones de opción a compra".
"Hace 10 años en la web de la empresa municipal no existía información alguna sobre las viviendas ofertadas. De hecho, en la propia “CONVOCATORIA SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA, PROPIEDAD DE AUMSA” y su “NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN” celebrada en marzo de 2010 y de la cual son objeto las comunidades con opción a compra, no aparece ninguna información relativa ni a las características de los inmuebles ni mucho menos al precio de alquiler ni de venta", han añadido.
El beneficiario únicamente conoció las características de las viviendas objeto (tamaño, calidades y estado) una vez siendo seleccionado en el sorteo notarial y después de entregar toda la documentación justificativa de que se reúnen los requisitos económicos.
De hecho, el precio tanto del alquiler como el artículo referido al precio de venta únicamente se conocieron durante la firma del contrato, han agregado.
Por eso, la Plataforma cree que el Dictamen del CJC "se ha basado en información sesgada, manipulada y errónea para alcanzar sus conclusiones, por lo que consideramos que sería una temeridad aprobar la venta de nuestros hogares basándose en un dictamen que incluye información manifiestamente falsa".
"Tras leer detenidamente el Dictamen, entendemos por qué nunca se nos ha enviado la consulta realizada y eso, tras solicitarla hasta en tres ocasiones por el Portal de Transparencia", han apuntado.
Han criticado que desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez "nunca han tenido voluntad de fijar un precio inferior al máximo legal permitido; únicamente han buscado poder justificar su decisión política incluso con información sesgada y errónea".
La Plataforma ha solicitado a todos los Consejeros que no aprueben el precio de venta y se solicite un informe a los servicios Jurídicos del Ayuntamiento con el fin de dirimir si las conclusiones del dictamen resultan aplicables a nuestra convocatoria, "vista la mala fe con la que han actuado tanto la Concejalía como Aumsa".
