Inspección de Trabajo obliga a dar de alta a voluntarios del pasado Pirata Beach Festival

VALÈNCIA. Es habitual en muchos macrofestivales de todo el país: una persona joven espera a las puertas del camping, o resuelve alguna duda en el interior del registro, o vende entradas en una taquilla. Inspección de Trabajo lo tiene claro: esas personas no pueden ser “voluntarias” que reciban como “regalo” una entrada o copas dentro del festival.

Así lo ha determinado tras una denuncia de CNT València al Pirata Beach Festival, que se celebra en Gandia. Según la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, la promotora encubrió relaciones laborales como voluntariado en su edición de 2023. En concreto, el sindicato denunció que varias personas estaban haciendo labores de “recepción y ubicación de las personas usuarias de la zona de acampada del festival”. Inspección de trabajo entiende que esas labores no entraban en los supuestos regulados en la Ley del voluntariado y que, por tanto, estaban eran trabajadores de pleno derecho.

En consecuencia, la empresa gestora del festival, Black Lotus, S.L., ha tenido que dar de alta y pagar las cuotas a la Seguridad Social de todas las personas que prestaron dichos servicios, 12 en total. Consultado por este diario, desde CNT València hacen la puntualización que la resolución obliga a los pagos de las cotizaciones, pero no al sueldo, que puede justificarse como en especie, en forma de un acceso a la zona de acampada del 12 al 15 de julio y una entrada/pulsera de día cargada con 10 euros en consumiciones.

CNT hizo esta denuncia durante la celebración del festival, el pasado mes de julio. El sindicato entendía que el programa de voluntariado se hacía realmente “para reducir costes de personal y cuotas sociales”, lo cual supondría un fraude. Según señalaban entonces, la Ley del Voluntariado habla de “gastos reembolsables que han de abonarse (…) de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar”, mientras que “lo que se está produciendo en realidad es el abono de una retribución en especie”.

Además, la legislación vigente también establece que solo las personas jurídicas que cumplan una serie de requisitos, como “carecer de ánimo de lucro”, pueden tener la consideración de entidades de voluntariado, algo que, en principio, tampoco cumplía el festival. En todo caso, la misma resolución también resuelve que, ante el requerimiento, el festival ha pagado en tiempo y forma las cotizaciones debidas.

CNT València ha celebrado esta resolución “porque implica la justa regularización de las personas que han trabajado para el Pirata Beach Festival”, pero también “se sienta un precedente para que esta situación no vuelva a ocurrir en este evento que en 2024 celebrará su sexta edición en Gandia”.

Los programas de voluntariado son conocidos en muchos macrofestivales de la Comunitat Valenciana, y han servido, habitualmente, para poder conseguir el abono sin tener que pagar dinero, una opción que a muchos jóvenes precarizados les apaña, pero que tiene un difícil encaje en la legislación laboral y de la que se aprovechan las promotoras.

El Pirata Beach Festival recibió el año pasado, por parte de Turisme, bajo el programa Mediterranew Musix, más de 80.000 euros en ayudas para la promoción.