Inspección de Trabajo sanciona con 6.000 euros a la EVha por no resolver el primer convenio colectivo

VALÈNCIA. Varapalo a la Entitat Valenciana d'habitatge i sòl (EVha). Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa pública dependiente de la Conselleria de Vivienda y dirigida por los socialistas en el el Gobierno autonómico con Alberto Aznar al frente a abonar más de 6.000 euros por haber cometido una "infracción grave" con sus trabajadores. En concreto, por no haber resuelto la negociación del primer convenio colectivo de la entidad y, con ello, haber "vulnerado sus derechos fundamentales". Un proceso que a pesar de haberse denunciado en 2019, en realidad lleva encallado desde hace casi ocho años. 

La resolución llega después de que los sindicatos presentaran una denuncia a la Inspección de Trabajo hace dos años por la "imposibilidad de negociar el convenio colectivo". Una circunstancia que, según explican desde Intersindical, el Botànic I no permitió en 2017 por "falta de disponibilidad presupuestaria" y tampoco ha resuelto el segundo Ejecutivo conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem al entender que la "condición de a extinguir de su personal" era un "obstáculo para culminar la negociación". 

En este punto, conviene recordar que el 95% del personal de la EVha es "a extinguir" desde que el PP acometió el proceso de reestructuración del sector público instrumental durante su última etapa de Gobierno. Éste supuso la integración de diferentes colectivos laborales procedentes de diversas entidades, como ocurrió en el caso de la EVha. 

A raíz de aquello, los dos ejecutivos del Botànic, según reconocen los sindicatos, han intentado "reordenar las materias de las políticas públicas que fueron agrupadas por el proceso de reorganización administrativa". Sin embargo, denuncian que no han logrado "subsanar las dificultades generadas para el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras en la EVha" al no haber "permitido" la negociación del primer convenio colectivo de la entidad. Una herramienta "contemplada en la ley para homogeneizar las dispares condiciones laborales de todo el personal, erradicar la discriminación salarial y propiciar así un marco jurídico razonable en el que proyectar nuevas contrataciones en condiciones dignas y de igualdad". 

Los sindicatos señalan directamente a la dirección general de Sector Público, dependiente de la Conselleria de Hacienda, y a la Conselleria de Vivienda, de la que depende orgánicamente la EVha por haber "obstaculizado" esta negociación. Sin embargo, los aludidos explican que varios informes elaborados por la Abogacía de la Generalitat debido a la indefinición jurídica del personal a extinguir han impedido desde que comenzó la negociación del convenio que se puedan mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Añaden, además, que el convenio sí comenzó a debatirse pero las conversaciones se rompieron porque no iba a ser aplicable a casi la totalidad de la plantilla. 

En este sentido, remarcan que se celebraron más de 20 sesiones de negociación con los sindicatos desde 2017 y que se llegó incluso a acudir a una mediación ante la Inspección de Trabajo. Si bien admiten, eso sí, que no hubo acuerdo debido a los pronunciamientos de la Abogacía, aunque remarcan que la obligación de negociar la han cumplido. 

Para Intersindical, sin embargo, todo esto son "excusas" y son "varios los hechos que confirman la inacción e incluso la obstrucción": "La imposición de la inaplicabilidad del acuerdo sobre condiciones laborales de la EVha, firmado entre la dirección general de la Entidad y los sindicatos en junio de 2019, sin impacto presupuestario alguno, o los argumentos recogidos en los sucesivos informes desfavorables de Sector Público a la Relación de Puestos de Trabajo elaboradas año tras año". "Existen otras entidades del sector público, con la misma limitación presupuestaria y con personal a extinguir, en las que se alcanzan y aplican acuerdos sin ningún problema", concluyen. 

Un enredo de ocho años

Fuentes de la Generalitat explican que, a raíz de la fusión de entidades que el PP hizo entre 2012 y 2013, la EVha cuenta con cinco convenios colectivos: el IVSA (Instituto Valenciano de Vivienda), el Sepiva (Seguridad y Promoción Industrial Valenciana), el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), los antenistas de la extinta Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM).

Al producirse la citada fusión hace casi ocho años, los trabajadores con los que actualmente cuenta la entidad valenciana de vivienda proceden de diferentes mercantiles con sus respectivos convenios y condiciones laborales, lo que ha propiciado las quejas de los sindicatos a la hora de reclamar mejoras e igualar la situación de los empleados. 

En definitiva, Inspección de Trabajo sancionó el pasado mes de febrero a la EVha por dos motivos: por vulneración del principio de igualdad y no discriminación retributiva y derecho a la promoción profesional, y además haber infringido el derecho a la negociación colectiva. 

Desde la Generalitat indican que ha habido hasta seis sentencias –cuatro de ellas de trabajadores individuales– que establecen que para igualar la situación de los empleados habría que llevar a cabo el proceso de reclasificación oportuno, pero que no existe discriminación salarial.