Hoy es 1 de septiembre
VALÈNCIA. Parece que desde hace tiempo no bajan las aguas tranquilas en el seno de la empresa urbanística municipal de València, Aumsa. La Inspección de Trabajo detectó esta primavera un "grave conflicto" laboral en la plantilla de la firma pública, dependiente de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, que dirige ahora el edil popular Juan Giner. El malestar interno constatado por la Inspección, y que sin embargo viene de largo, ha obligado a tomar medidas.
Así consta en el informe de Inspección emitido a finales del pasado mes de abril, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, donde "se ha podido constatar la existencia de un conflicto laboral interpersonal cuyo origen se retrotrae a tiempos pretéritos, con gerencias distintas y escenarios y premisas diferentes". El organismo explica, en este sentido, que "a pesar del tiempo transcurrido y las vicisitudes acaecidas, aquellas circunstancias, lejos de haber sido superadas, corren riesgo de adquirir condición de permanencia, con un inmanente riesgo para la salud de las personas trabajadoras".
El pasado mes de enero, los inspectores se personaron en la sede de la empresa municipal para entrevistarse con la gerente, Ana María Gil, y la responsable del departamento jurídico, y pidieron múltiple documentación en materia de laboral y de riesgos laborales como el protocolo de acoso laboral y las ocasiones en que se ha activado durante el año anterior. Así, tras estudiar la documentación y una segunda visita con entrevistas a diferentes empleados de la firma, los inspectores emitieron el informe de marras.
Fuentes del gobierno municipal insisten, como explicita la propia Inspección, que el "conflicto laboral interpersonal" existente, y cuya problemática no se desarrolla en el mencionado documento, no se ha generado ahora sino que viene de lejos. No del pasado mandato, sino como mínimo del anterior (2015-2024). De hecho, en 2017 -bajo la presidencia del socialista Vicent Sarrià- el servicio de prevención contratado por Aumsa hizo una evaluación de riesgos psicosociales que ya dejó negro sobre blanco la existencia de problemas internos en la plantilla.
En aquel estudio, participaron 25 empleados de los 36 que conformaban la plantilla en ese momento, rellenando unas encuestas de forma anónima. "Aun tratándose de un documento desactualizado, que no responde a la realidad presente de la entidad, ni comprensivo del conjunto de la plantilla, de aquellos cuestionarios se extrae información relevante", subraya la Inspección de Trabajo ahora. Por ejemplo, el 32% de la plantilla dijo estar expuesta a violencia psicológica con frecuencia; el 56% confesó la exposición a conflictos personales; y el 48% calificó las relaciones laborales como regulares o malas.
"Para todo el colectivo, la evaluación puso de manifiesto como factores con nivel de riesgo muy elevado la participación/supervisión y el interés por el trabajador/compensación; mientras que la carga de trabajo constituyó un factor con nivel de riesgo elevado". Por ello, aquel estudio ya instaba a Aumsa a estudiar el tiempo y la carga de trabajo, así como la participación y las posibles situaciones de supervisión, y a evaluar el grado de preocupación personal de la empresa con cada trabajador.
Aquellas propuestas debían servir como "guía general" sobre los aspectos importantes a considerar sobre cada factor pero su aplicación práctica debía hacerse 'sobre el terreno' y desde el conocimiento concreto "de la realidad directa y cotidiana". Al final, explica el informe, los trabajadores y mandos directos "son quienes disponen de mayor conocimiento sobre esa realidad y deben formar parte del proceso de diseño de las acciones preventivas".
Ahora, los inspectores consideran aquel informe como preliminar porque "no consta que, con posterioridad, se le haya dado continuidad en forma de proceso de intervención preventiva". De hecho, y con la nueva inspección, se han apreciado "a partir de las manifestaciones vertidas por las personas entrevistadas individualmente" situaciones "de grave conflicto interpersonal", por lo que resulta "imprescindible" una nueva evaluación de riesgos sobre "factores de riesgo de violencia laboral". Un trabajo en el que debe participar el Comité de Empresa y el conjunto de la plantilla.
De este modo, la Inspección requería en abril a Aumsa que, "de modo inmediato y en el plazo máximo de tres meses", llevara a cabo esta evaluación completa de los riesgos psicosociales en la firma. Para ello, la Inspección de Trabajo da diferentes instrucciones para realizar este trabajo, que "debe afectar a todos los puestos de trabajo sin distinción alguna". Según fuentes municipales, la compañía pública ha estado en los últimos meses cumpliendo con el requerimiento de la Inspección.