Inspección insta a València a corregir irregularidades en contratos de jóvenes en prácticas

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València deberá subsanar irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en la contratación de jóvenes en prácticas en el marco del programa EMCUJU de 2019, subvencionado mayoritariamente por la Generalitat Valenciana. La Inspección ha instado al consistorio a corregir deficiencias relativas a la clasificación profesional y los diferentes grupos profesionales adjudicadas a los jóvenes contratados, y que fueron modificadas sin motivo aparente a mitad del proceso para pedir la subvención, según dice el inspector en un informe realizado a raiz de una denuncia del sindicato CC. OO. Sindicatos y Ayuntamiento ya están en negociaciones para corregir las irregularidades.

Mediante este programa el Ayuntamiento contrató a unos 150 empleados cualificados en prácticas, incluyéndolos en el grupo de cotización 2 de la Seguridad Social. Todo pese a que durante la práctica totalidad de la tramitación con el servicio de empleo de la Generalitat, Labora, el consistorio había contemplado la contratación de un número determinado de jóvenes tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. Un cambio de criterio que habría 'ahorrado' a la corporación municipal en salarios cerca de 360.000 euros.

La intención inicial del Ayuntamiento de València, y en concreto de la concejalía de Empleo dirigida por Pilar Bernabé era contratar a 303 personas jóvenes desempleadas con titulación para el período de un año. Concretamente, solicitaba a Labora 196 titulados superiores y 107 titulados medios, que corresponderían al grupo 1 y 2 de cotización respectivamente. Al ser contratos en prácticas, la normativa recoge que la retribución debe ser el 65% de un contrato ordinario del mismo grupo de cotización, por lo que resultaba un salario base de 1.500 euros y 1.170 euros mensuales aproximada y respectivamente.

Labora, sin embargo, no accedió a otorgar la cuantía total que solicitaba el Ayuntamiento, 5,3 millones de euros, sino que acabó adjudicando 3,4 millones, que junto a 600.000 euros aportados por el Ayuntamiento para el programa, sumaban un total de 4 millones de euros. La reducción de la parte subvencionada por la administración autonómica obligó al consistorio a reajustar las contrataciones a 159 jóvenes -89 titulados superiores y 70 titulados medios-.

Con todo, al llegar a la fase final de las contrataciones, cuando Labora ya había seleccionado a los beneficiarios de este programa -en base a los grupos de cotización explicados-, y justo antes de aceptar formalmente la subvención autonómica, la concejalía de Empleo cambió de criterio "sin motivo aparente algúno", explica Inspección, y modificó las categorías de los trabajadores: dejaba de diferenciar entre titulados superiores y medios y aglutinaba a todos en una única categoría denominada "Titulación Universitaria A2", nomenclatura que "este Inspector de Trabajo no conoce", reza el informe del organismo.

Una contradicción que 'ahorra' 360.000 euros

Más allá de otras consideraciones posteriores, una de las cosas que la Inspección recuerda al Ayuntamiento es la llamada doctrina de los actos propios. Es decir, que no se puede adoptar una pretensión contradictoria con la conducta manifestada anteriormente. Y es que, insiste, durante toda la tramitación el consistorio había contemplado los dos grupos de cotización y "solamente una vez presentada la solicitud, concedida la subvención, presentadas las ofertas de empleo y baremados a los aspirantes, se cambia sin motivo alguno el criterio mantenido y se incluye a todos los seleccionados en el grupo 2 de cotización".

El cambio adoptado "radicalmente", a la postre, suponía no incluir a nadie en el grupo 1 y aglutinar a todos los elegidos en el grupo de cotización 2 y, por tanto, percibiendo todos ellos un salario base de 1.160 euros. Es decir, que para los 89 jóvenes que previsiblemente iban a ser incluidos en el grupo superior, ha supuesto una merma salarial de 433 euros mensuales. 

Así, el coste del programa para la Generalitat Valenciana, con esta reducción salarial, era de poco más de 3 millones de euros y no de los 3,4 millones otorgados. Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó habilitar crédito para este programa con la aceptación de la totalidad de la ayuda autonómica, con lo que habría recibido una diferencia de 360.000 euros de subvención "en principio, no justificados". Esto es, el 10% de la ayuda total. 

Lo hizo, dice el informe, "plenamente consciente", porque en la última moción consistorial se reconoce esta diferencia de cuantías y se aprueba "aceptar toda la subvención por si hay algún desajuste salarial, y así cubrir las discrepancias debidas a titulaciones, ocupaciones y categorías de entre las personas seleccionadas y enviadas" por Labora. Unas discrepancias que, en efecto, ha habido y han acabado en la Inspección.

Problemas con las equivalencias del Plan Bolonia

El Ayuntamiento alegó que el cambio de criterio -"no saben ni identifican persona o departamento que adoptó tal decisión"- se había producido tras estudiar las equivalencias entre las titulaciones previas al Plan Bolonia y el nuevo marco educativo. Así, en el grupo de cotización 2 se adscribirían ingenieros, técnicos y ayudantes titulados (según el marco previo) así como los graduados (según el marco actual).

Se trata, para la Inspección, de "un grave error" que se viene produciendo en algunos casos tras la aplicación del Plan Bolonia y que consiste en "unificar criterios" cuando, en realidad, "lo que se pretende unificar no es similar, porque no son lo mismo" los grados para profesiones que hasta el momento pedían licenciaturas o ingenierías -como Derecho- que los grados para profesiones de ingenierías técnicas. De esta manera, concluye, los nuevos titulados del primer tipo de grado o máster deberán entrar en el grupo de cotización 1 junto a los anteriores ingenieros y licenciados hasta que las nuevas titulaciones sean incorporadas en las normas que rigen la cotización.

En ese sentido, Inspección viene a aclarar que los grupos de cotización dependen de la categoría profesional asignada a cada trabajador -y de las funciones y responsabilidades de su puesto-, que a su vez está fijada en los convenios colectivos aprobados entre las organizaciones sindicales y el empleador, en este caso el propio Ayuntamiento. En definitiva, que "todo depende del puesto de trabajo que desempeñe la persona" y el "sistema de clasificación instaurado" en cada empresa o institución.

Por ello, la Inspección insta al Ayuntamiento a acordar con los sindicatos, en primer lugar, una clasificación profesional para los trabajadores temporales contratados por este programa, y más tarde, a acordar con los propios empleados el grupo profesional y sus funciones, algo que podría conllevar alguna modificación en los contratos de prácticas. Las negociaciones, de hecho, ya han empezado entre ambas partes. Pero además, el organismo insta al consistorio a "revisar" el encuadramiento de los trabajadores en los correspondientes grupos de cotización con el criterio explicitado por la Inspección. Para ello, habría que cambiar las tablas recogidas en el convenio del Ayuntamiento, según explican fuentes municipales.