Agentes de la Policía Local acusan a inspectores de amenazas para cerrar el Marina Beach sin base legal en agosto

VALÈNCIA. "El inspector insiste a los agentes indicándoles si saben lo que están haciendo al desobedecer una orden de un superior jerárquico". Es la situación que describe un informe dirigido a la Jefatura de la Unidad de Convivencia de la Policía Local de València por parte de dos agentes sobre la actuación que se llevó a cabo el pasado mes de agosto para denunciar el local Marina Beach, que ha llegado a los tribunales. Los agentes, relatan, se negaron a denunciar al local por un supuesto incumplimiento de las restricciones entonces impuestas al no poder respaldarse en un sustento legal sólido.

Ocurrió el 18 de agosto, cuando según el relato de estos dos agentes, un inspector del cuerpo policial ordenó les acudir al local con el propósito de "proceder a la denuncia del mismo si se encontraba realizando actividad distinta a la restauración". Precisamente el día de antes, la Conselleria de Sanidad había emitido una resolución en la que suspendía la actividad de discotecas, salas de baile, karaokes y bares de copas para frenar los contagios de coronavirus.

Así, los agentes, siempre según su relato, constataron que el Marina Beach tenía en marcha tanto su servicio de restauración como el de café-cantante "cumpliendo con las medidas de separación exigidas". Así pues, los agentes consideraron que la actividad de café-cantante no podía llevarse a cabo por las restricciones y levantaron un acta de inspección con infracciones graves del local. Al día siguiente, el inspector emitió la misma orden para verificar si la actividad continuaba en marcha.

Y fue durante el trayecto cuando los agentes, "revisando el tenor literal de la norma" -explican-, comprobaron que en efecto, la resolución de la Conselleria hace referencia a las restricciones para las actividades calificadas como "ocio" y que los café-cantantes según la ley de espectáculos públicos valenciana se encuadran como espectáculos junto a cafés-concierto o cafés-teatro, y no en el sector de las actividades recreativas -el ocio-, donde se encuentran las discotecas, las salas de baile o los pubs.

Por ende, este desbarajuste llevó a los agentes a considerar finalmente que el Marina Beach "queda fuera de las actividades cuyo funcionamiento se ha suspendido temporalmente". En ese sentido se habían manifestado también los responsables del establecimiento e incluso, tras llamar a la central, el oficial de la Policía estuvo de acuerdo con esta interpretación. También el director de La Marina -donde se sitúa el Marina Beach-, Vicent Llorens, había emitido una carta respaldando esta visión.

Tras consultar con otro inspector, se convino que no procedía la denuncia y que la actividad podía continuar funcionando, pero más tarde llamó el inspector que había dado la orden de investigar el día anterior e "indica a los actuantes que el local hay que denunciarlo y proceder a su desalojo porque no puede ejercer la actividad". Una orden a la que múltiples agentes pusieron objeciones: "Vuelven a indicar que [...] la actividad de café-cantante no es sancionable". Por ello, insisten en que, al contrario de lo que dictaba el inspector, "no pueden proceder a denunciar ni a desalojar.

Es en ese momento cuando suma un grado más de tensión la situación: "El inspector se vuelve a dirigir a los agentes firmantes, diciéndoles que hay que denunciar y desalojar el local puesto que ha recibido órdenes del Intendente y del Comisario de UCOS para que así se haga". Pero esto no ocurre: los agentes que deben hacerlo "no están conformes con dicha orden". Hasta el punto de que el inspector lanza un órdago: "si saben lo que están haciendo al desobedecer una orden de un superior jerárquico".

El panorama es tal que los agentes advierten que las instrucciones del inspector son "una orden ilegal" y que el cumplimiento de esta "podría acarrear responsabilidades contra los agentes" al producir "un quebranto económica a la mercantil que explota dicho negocio" sin respaldo jurídico. Así pues, la denuncia no se llegó a ratificar. Sin embargo, eso sí, el caso ha acabado en los tribunales al haber presentado una demanda el propietario del Marina Beach, Antonio Calero.

Según el informe de la Jefatura de la UCOS, en el procedimiento penal, en fase de diligencias previas, están investigados tanto los agentes como otros funcionarios policiales. Sin ir más lejos, recientemente el juzgado de instrucción encargado de esta causa llamó a declarar como investigado a un intendente policial.