València se compromete a acabar con el tapón de las concesiones deportivas en 2022

VALÈNCIA. Unas cuarenta instalaciones deportivas de la ciudad de València llevan, al menos desde 2018, con las concesiones de gestión indirecta indebidamente prorrogadas. Se trata, en este caso, de cuatro polideportivos municipales y otros tantos campos de especialidades deportivas como fútbol, rugby y demás. Una situación que, según han explicado desde el consistorio, tiene que ver con el cambio en la Ley de Contratos a nivel estatal, que desafió la manera en la que hasta ese momento se había adjudicado el servicio de concesión y por lo tanto obligó a repensar las condiciones para sucesivas licitaciones. 

No era sencillo el encaje legal para que estas condiciones favorecieran las aspiraciones y necesidades del Ayuntamiento de València pero, finalmente, parece ser que la situación ha empezado a despejarse. Tanto es así que la concejala de Deportes, la socialista Pilar Bernabé, ha asegurado que las nuevas concesiones comenzarán a movilizarse a lo largo de 2022 para dejar definitivamente la situación cerrada. Tarea que su concejalía lleva arrastrando sin muchos frutos desde la pasada legislatura, cuando el gobierno compuesto por Compromís, PSPV y en aquel momento València en Comú ya empezó a trabajar sobre los estudios de los convenios.

Incluso la anterior edil del ramo, la también socialista Maite Girau, aludió que se estaban "ultimando" los pliegos y que los nuevos convenios se instalarían "gradualmente" a lo largo del año 2018. Promesa que finalmente nunca se cumplió, y que de hecho se ha alargado durante varios años de la presente legislatura: "En 2020 y 2021 nos hemos centrado en regular las nuevas bases, con el objetivo de que ya estuvieran encaminadas en el año 2022", aseveraba Bernabé al respecto. De hecho, incluso adelantaba que la concesión de uno de los polideportivos estará lista para salir a licitación en las próximas semanas. 

Pero, mientras todo esto sucede, lo cierto es que los convenios prescritos siguen prorrogados fuera de tiempo, a la espera de que la nueva fórmula esté totalmente pulida y pueda empezar a ser aplicada. Concretamente, los polideportivos afectados por esta problemática son Marxalenes, Abastos, Torrefiel y Patraix. Y, en este caso, el problema que supone la Ley de Contratos es que establece que las concesiones no pueden durar más de cinco años, cuando hasta ahora los contratos habían disfrutado de horizontes mucho más amplios.

Esto supone un verdadero problema a la hora de sacar la licitación, tal y como exponía la edil de Deportes. Principalmente, porque muchos de estos polideportivos necesitan ahora mismo el desembolso de importantes inversiones para mejorar tanto las instalaciones como los servicios que se prestan en ellas. Así, es poco plausible que el beneficio de explotación de cinco años pueda cubrir todos los gastos a los que se tendría que enfrentarla empresa concesionaria, por lo que siempre existiría el peligro de que nadie se presentase a la licitación.

Así, la única salida que existe es justificar correctamente por qué esas concesiones necesitan durar más de cinco años, y por lo tanto contravenir las bases iniciales de la Ley de Contratos. Un trabajo que, según expone Bernabé, se tendrá que realizar de manera pormenorizada en el caso de cada uno de los polideportivos afectados, todo ello hasta dar con la fórmula exacta que despeje la incógnita: ¿Cuántos años hacen falta para extraer beneficios de las inversiones iniciales? Un cálculo que se realizará en base a las necesidades específicas y particulares de cada complejo. 

En este sentido, el siguiente paso será presentar el informe final ante el Interventor del Ayuntamiento, que deberá avalar la legalidad de cada una de las operaciones. Y en este paso se encuentra, precisamente, el proceso del primer polideportivo. Así, explica la concejala que, si el Interventor da el visto bueno, la fórmula empezará a aplicarse también sobre los tres polideportivos que quedarían pendientes. Todo esto, alude, con la esperanza de que el proceso pueda quedar cerrado en 2022. 

Campos y canchas deportivas

En el caso de los campos y canchas deportivas, que son la mayoría de complejos afectados por el retraso de las nuevas concesiones, el problema es de otra índole. Y es que, el Ayuntamiento busca la manera de evitar que salgan a concurso público: "Si salieran a concurso público, cualquier empresa podría ganar la licitación y luego empezar a cobrar a los clubes deportivos por el uso, lo cual podría desincentivar totalmente el tejido asociativo de la ciudad", explicaba la concejala Pilar Bernabé. 

Así, su área está trabajando en la manera de sacar un convenio por cesión demanial, de manera que la gestión de las instalaciones recaiga directamente sobre las asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en utilizarlas para sus propios fines. Todo ello, resalta, con el objetivo de favorecer a los pequeños clubes y agrupaciones. "No son instalaciones deportivas de uso público, como los polideportivos, sino que tienen más bien una calificación social y comunitaria", aludía.

Aunque es cierto que el Ayuntamiento lleva aplicando esta misma fórmula desde principios de los 2000, cuando se acordó que la gestión de las canchas deportivas se tenía que ceder preferiblemente a clubes y entidades sociales. Aunque, según resalta Bernabé, se trataba este de un acuerdo no del todo regulado, por lo que su concejalía ha estado trabajando para sentar las bases del modelo a lo largo de todos estos años, de cara a la adjudicación de las nuevas concesiones. Con la intención, nuevamente, de resolver en 2022 una situación que se ha aletargado durante dos legislaturas. 

La auditoría pide agilizar el proceso

"Es importante que se finalice la definición del nuevo modelo de gestión, dado que muchos de los convenios que se firmaron en su momento están finalizados y/o sin prórrogas autorizadas. Esta definición deberá analizar, asimismo, si es el convenio el instrumento jurídico adecuado para regular la relación existente con clubes y entidades sociales de índole deportiva sin ánimo de lucro". Esa era una de las conclusiones de la auditoría a la Fundación Deportiva Municipal en el año 2020. En ella, ya se alentaba la necesidad de poner fin a la indefinición de las prórrogas y aprobar de una vez por todas el nuevo modelo de gestión de las canchas y campos. 

En este sentido animaba, por un lado, a acelerar los trámites para poder normalizar la situación cuanto antes y, por el otro, a determinar si el modelo que se estaba siguiendo hasta ahora el adecuado o si, por el contrario, se debería alumbrar un nuevo procedimiento en las relaciones con los pequeños clubs y asociaciones. Sea como sea, parece que el Ayuntamiento ha decidido legalizar la práctica ya existente, aunque por el momento todavía no se ha normalizado el proceso, por lo que la situación sigue estancada.