El secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer asegura que se "posiciona" claramente al lado de los empresarios y pide que no se aplique
VALÈNCIA. La presentación en Les Corts del acuerdo botánico de la tasa turística ha reavivado el debate entre quienes la defienden y quienes se oponen al tributo. Desde los partidos que dan apoyo al Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem EU) destacaron su buen funcionamiento en las comunidades autónomas y en los países de Europa donde ya existe mientras que desde la patronal y la oposición aseguraron que genera "incertidumbre" y pone en riesgo la recuperación.
El tributo acordado es municipal y voluntario, irá de 0,5 euros a 2 euros por noche (excepto para los turistas de cruceros que pagarán aunque no pernocten 1,5 euros) y tendrá un tope de 14 euros, que será lo que paguen quienes vayan una semana o más a hoteles de 4 estrellas superior en adelante. Estarán exentos, entre otros, los menores de 16 años, los viajes de programas sociales como el Imserso, personas con un 66% o más de discapacidad o los que acudan a participar en torneos deportivos o congresos científicos de universidades públicas. Además, según los últimos acuerdos podrá ser estacional. El dinero recaudado podrá ir a mejorar estructuras turísticas, a facilitar el acceso a la vivienda en barrios tensionados por el turismo o a programas de movilidad, entre otras opciones.
Los 'bandos' están claros incluido el del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer. "En este asunto no estoy navegando entre dos mares, aquí me posiciono claramente con el sector, estoy con la convicción de que no corresponde, registrar esa iniciativa ahora no es el mejor de los momentos", aseguró en una entrevista en 99.9 Plaza Radio.
El socialista Manolo Mata apuntó que la idea es que no se aplique hasta 2024 para no interferir en la recuperación del sector. De ahí la moratoria de un año desde su publicación. "Hemos oído mucho 'Ahora no toca' y efectivamente, ahora no toca, por eso no se implementará hasta la primavera de 2024 si no cambian las condiciones", señaló. Mata pidió que se "sobreactúe" y recordó que ya se aplican tasas en otros puntos de España. "Que nadie de fuera piense que algo de lo que está pasando aquí no es razonable", pidió. La idea del Botànic es aprobarla en otoño, que se publique a final de año y que 2023 sea el año de moratoria.
Compromís por su parte ha puesto en marcha una web explicar que la tasa "afecta al turismo... positivamente". La coalición recuerda que son ya cerca de quince las capitales europeas que la tienen y echa mano de los datos del INE para demostrar que el tributo no afectó al número de visitantes ni de Cataluña ni de Baleares. La portavoz adjunta en Les Corts, Mónica Álvaro, se mostró convencida que "ayudará a mejorar la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, la seguridad, el transporte público, la protección del patrimonio, la reversión del impacto ambiental y el mantenimiento de las playas y enclaves turísticos".
"No hay motivo para que nadie venga a rasgarse las vestiduras", afirmó desde Unides Podem Ferran Martínez, que auguró que una vez se empiece a aplicar serán cada vez más los que lo hagan al ver "los beneficios".
Pero la oposición no cree que vaya a tener ninguno. "Es un error garrafal y una clara equivocación consecuencia de la insensatez del tripartito", afirmó la síndica de Ciudadanos Ruth Merino. El PP puso ya el domingo una campaña en marcha contra la tasa y este martes su presidente Carlos Mazón acusó al Botànic de establecer la tasa "por la puerta de atrás" y criticó que también la vayan a pagar los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. También Vox se mostró en contra y aseguró, como los populares, que eliminarán el tributo si llegan al poder en 2023.
Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) aseguraron que el acuerdo se ha realizado "desoyendo" al sector. En las reuniones de trabajo realizadas, la patronal mostró su oposición unánime al tributo aunque sindicatos y federaciones de vecinos se mostraron de acuerdo. En opinión de los empresarios no hubo "voluntad política" de consenso.
"Una vez más, demuestra una falta de sensibilidad con un sector que sigue en proceso de recuperación tras dos años de pandemia y con la incertidumbre que ha generado la invasión de Ucrania", afirman desde la CEV. Ante el anuncio de que se va a aplicar una moratoria de un año para su aplicación efectiva, la CEV considera que "lo correcto hubiese sido esperar a que el contexto económico fuera más favorable".
"Se trata de un impuesto aplicado desde la demagogia, sin análisis previo, ni destino finalista claro", afirman desde la patronal, que mostró su preocupación por "la finalidad a la que se destinará el dinero recaudado".