VALÈNCIA (EP). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanza este domingo los cuatro años en funciones, de los cuales lleva más de año y medio sin poder hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales --a excepción del Constitucional--, lo que ha generado un total de 70 vacantes en la cúpula judicial, siendo especialmente preocupante la situación del Tribunal Supremo (TS), donde algunas salas se las ingenian ya para formar tribunales.
La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde la gestión de la administración de justicia a la salvaguardia de la independencia judicial, pasando por el gobierno de los recursos humanos, un cometido donde destaca su poder para realizar nombramientos, algunos reglados y otros discrecionales, con el objetivo de ir llenando los huecos dejados en los distintos juzgados y tribunales por jueces y magistrados.
A pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, y que desde entonces ha perdido dos vocales --Rafael Fernández Valverde, por jubilación, y Victoria Cinto, por defunción--, el CGPJ ha podido seguir trabajando, excepto en lo que respecta a efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno y aprobada en marzo de 2021 prohíbe que un Consejo caducado haga estas designaciones.
La modificación legal --ideada por Moncloa como medida de presión sobre el PP para que pactara la renovación del CGPJ-- ha provocado que las vacantes surgidas en los altos tribunales durante estos más de 20 meses se hayan quedado sin cubrir.
Sus efectos, en palabras del dimitido Carlos Lesmes, han sido "devastadores". A día de hoy, hay 70 plazas desiertas, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, que cuentan hasta 31 vacantes, incluidas varias presidencias; a lo que se añaden otras 20 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
El mayor agujero lo sufre el Supremo, donde ya hay 18 vacantes, lo que supone casi un 14% de sus efectivos. Las salas más perjudicadas son las de lo Militar, lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las salas que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones por la pandemia de coronavirus.
Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene pendiente resolver dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el 'procés'; y el recurso formulado por el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo.
Esta Sala Tercera es la más afectada del Supremo. La ley establece que debe tener un total de 33 magistrados --32 más el presidente-- pero ahora mismo tiene nueve vacantes que el próximo 27 de diciembre serán 10 por la jubilación de Octavio Herrero. De cara al próximo año, la situación podría empeorar, ya que el 27 de marzo se jubilará también Inés Huerta. Y eso sin tener en cuenta que varios de sus integrantes suenan como posibles candidatos al Tribunal Constitucional (TC) por parte del CGPJ, que debe nombrar a dos.
Le sigue la Sala de lo Social, que debería contar con 13 magistrados, presidente incluido. Sin embargo, hay cinco vacantes, entre ellas la de su última presidenta, María Luisa Segoviano, que se jubiló el pasado 20 de octubre. El 18 de julio lo hará también Rosa María Virolés.
Igualmente crítica es la coyuntura de la Sala de lo Militar, donde de los 8 magistrados que la integran habitualmente quedan 6, a los que el 7 de septiembre se sumará Fernando Pignatelli.
El problema al que se enfrentan desde hace tiempo las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo es que sus magistrados deben rotar para poder componer las secciones donde se deliberan y fallan los asuntos, una especie de pequeños tribunales que deben tener cinco magistrados.
Más desahogada es la situación de la Sala de lo Civil, donde solo hay una vacante, lo que implica que aún conserva a 9 de sus diez magistrados. Por ahora, la única intacta es la Sala de lo Penal, que mantiene a sus 15 magistrados. Sufrirá su primera baja el próximo 13 de abril por la jubilación de Miguel Colmenero.
"El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial", denunció Lesmes durante la apertura del curso judicial, el pasado 7 de septiembre.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, cuando el CGPJ pueda volver a nombrar magistrados del Supremo, el proceso podría dilatarse al menos medio año, a lo que habría que añadir también varios meses hasta que los asuntos acumulados en sus distintas salas --algunas de las cuales han visto su trabajo más que duplicado a causa de la pandemia-- sean resueltos recuperando el ritmo habitual de trabajo.
A ello, fuentes del alto tribunal anudan que la entrada simultánea de 18 magistrados podría precipitar cambios de jurisprudencia en las salas afectadas. En este sentido, exponen que lo normal es que los recién llegados tengan tiempo para asimilar la doctrina asentada antes de que puedan plantear nuevas interpretaciones, un proceso que en estas condiciones se aceleraría.
Cabe recordar que el artículo 1.6 del Código Civil (CC) establece que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho", lo que convierte al TS en un faro para el resto de jueces y tribunales.
El único tribunal para el que el CGPJ puede realizar nombramientos es el Constitucional, debido a la contrarreforma promovida por el Gobierno que quedó aprobada el pasado 20 de julio, precisamente, para que el Consejo pudiera designar a sus dos candidatos para el TC, que --junto a los dos del Ejecutivo-- forman el tercio de la corte de garantías que está pendiente de renovación desde el pasado 12 de junio.
Esta segunda reforma de la LOPJ despejó el camino para sustituir a los cuatro magistrados del TC en funciones --su presidente, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente; Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares--, ya que las fuentes jurídicas apuntan que no está claro que los dos candidatos del Gobierno puedan tomar posesión sin los del CGPJ, ya que la Constitución encomienda renovar este tercio a Ejecutivo y Consejo.
Finalmente, el Gabinete de Pedro Sánchez ha postulado esta semana al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para el TC, pero poco después las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del CGPJ para nominar a sus dos aspirantes al Constitucional han llegado a punto muerto. El 22 de diciembre celebrará un Pleno donde se espera que sus vocales voten, aunque las fuentes del órgano de gobierno de los jueces avisan de que lo más probable es que no haya fumata blanca.