Vicent Maurí, portavoz de Intersindical Valenciana. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA, (EP). Intersindical Valenciana ha criticado hoy el informe del Consell Jurídic Consultiu en el que se rechaza el requisito lingüístico del Consell, un documento que, a su juicio, responde a un "posicionamiento político" y es "ideológico y no jurídico".
Así lo han manifestado en un comunicado, en el que se han referido al dictamen del órgano consultivo que rechaza que el decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat "imponga" a los altos cargos el uso del valenciano, y a los contratistas la utilización de esta lengua en las licitaciones.
"El informe que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido respecto al proyecto de decreto del Consell responde más a un posicionamiento político contra el aumento del uso del valenciano en la administración de la Generalitat Valenciana que a un análisis jurídico de adecuación a la legalidad", han asegurado.
Según el sindicato, "lo que corresponde hacer a un organismo de estas características" es un estudio jurídico, pero "al contrario, el informa cae a menudo en consideraciones puramente ideológicas e incluso ignora sentencias del Tribunal Supremo".
Por ello, desde Intersindical han considerado necesaria la publicación de un decreto que regule el uso del valenciano en la administración y que "haga de esta una verdadera lengua de uso normal".
"Es evidente que la situación social y oficial del valenciano está muy por debajo de la del castellano, y que para conseguir la igualdad lingüística son necesarias medidas legales que vayan en este sentido", han afirmado.
Asimismo, han denunciado la omisión en el citado dictamen de las propuestas de mejora del decreto que el sindicato realizó en el plazo de información pública, y han criticado que el informe sí cita las aportaciones de otras organizaciones, "como los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos".
"El CJC entiende que se puede usar el valenciano, pero en ningún caso más que el castellano, ya que su estatus deriva de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como si ese no fuera el caso del valenciano", han lamentado, asimismo.
Para Intersindical, "donde el CJC más se delata y muestra su carácter político y marcadamente ideológico" es en la observación sobre el artículo 26, en la que el órgano consultivo considera que "cualquier acto administrativo que haya de tener efectos fuera de la Comunitat habrá de ser redactado necesariamente en castellano".
"Ignorando 46 sentencias, muchas de ellas del Tribunal Supremo y del Constitucional, aún se atreven a afirmar que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes y que si queremos comunicarnos con Cataluña y las Islas Baleares lo tenemos que hacer en castellano", han criticado.
A su juicio, estas afirmaciones "se pueden explicar mirando la composición mayoritaria del CJC": "el presidente es José Díez Cuquerella, expresidente provincial del PP y expresidente de la Diputación de Valencia gobernada por el PP, Enrique Fliquete Lliso, abogado habitual del PP, y el expresident Francisco Camps".
"Intersindical Valenciana considera que el informe del CJC es un informe viciado, falto de legitimidad jurídica y hecho desde posicionamientos contrarios a la igualdad lingüística", han afirmado desde el sindicato, que ha pedido al Consell "que mantenga el proyecto de decreto y atienda a las propuestas de mejora" de Intersindical.
