Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (EP). Intersindical Valenciana ha tachado de "ilegítimo e inútil" el II Acuerdo de Legislatura del personal de la Generalitat y ha avanzado que
estudia impugnarlo ante los tribunales.
En su opinión, el acuerdo es "una simple operación cosmética para restaurar la imagen de la consellera y de las organizaciones sindicales de la Mesa General de negociación" y para "ofrecer una imagen de paz social al sector público que no se corresponde con la realidad cotidiana, llena de conflictos y malestar en los centros de trabajo", ha aseverado el sindicato en un comunicado.
"Lejos de pretender mejorar las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos de la Generalitat, el acuerdo sólo busca consolidar, por la vía de urgencia, una política en materia de temporalidad en las administraciones públicas, contraria a los intereses del personal temporal e interino y cuestionada por la casi totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso", ha afirmado.
En ese sentido, ha criticado que "pretende asegurar la aplicación del RDL 14/2021 y el régimen legal que comporta en los procesos de selección y estabilización, sabiendo que es un RDL que ha nacido con una fecha de caducidad de tres meses".
Por otro lado, ha lamentado que el acuerdo "omite cualquier referencia a una mejora retributiva real o de reducción de jornada, que no solo sería un avance en las condiciones laborales, sino también una verdadera apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar y por la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral".
El acuerdo, a su juicio, "se limita a reflejar un compromiso de luchar contra la brecha salarial con la habilitación de fondos presupuestarios para compensar los sectores más precarios y feminizados", algo que "a priori no es censurable", pero en lo que Intersindical echa en falta "una apuesta más decidida" y "propuestas valientes".
"Contrariamente a la finalidad que se le supone a un acuerdo en materia de condiciones laborales, el acuerdo centra más la atención en aspectos institucionales ajenos a los intereses de la mayoría de trabajadoras y trabajadores públicos y que, en definitiva, solo sirven para crear más duplicidades, inutilidades y complejidades a una administración pública ya bastante envuelta".
Eso sí, ha señalado Intersindical, "se consigue el control absoluto sobre el sector, limitando la pluralidad y la capacidad de decisión y participación a contadas organizaciones sindicales que no solo tienen la credibilidad cuestionada, sino también la misma legitimidad", ha reprochado.
Intersindical ha subrayado que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que son los que forman parte de esta Mesa General de Negociación, "solo representan el 41,64 por ciento (34.123 trabajadoras y trabajadores), del conjunto de las personas que votaron", lo cual "pone en evidencia la carencia de legitimidad y representación de la Mesa General de Negociación que se constituyó sin la presencia de la Intersindical Valenciana (25.079 votos y un 30,99%) y FSES (13.253 votos y un 16,17%)".
Por lo tanto, esta negociación "no contará con el apoyo necesario para la legitimidad que cualquier acuerdo tiene que tener para ser representativo de la parte social".
En cuando a las condiciones laborales, Intersindical considera que el acuerdo es "una ocasión perdida para mejorar la calidad de vida de las empleadas y empleados públicos de la Generalitat", ya que "carece de propuestas".
Ha tachado el acuerdo de "perversión de la estructura de la negociación colectiva" y ha denunciado "la construcción de un oligopolio sindical, avalado por la consellera Bravo".
Por ello, ha avanzado que "continuará promoviendo las movilizaciones que sean necesarias para mejorar las condiciones laborales de nuestras compañeras y compañeros y para garantizar que se respetan los principios democráticos en la participación sindical".
