Vicent Maurí, portavoz de Intersindical Valenciana (EVA MÁÑEZ)VALÈNCIA. (EP). Intersindical Valenciana ha trasladado a los responsables de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat la necesidad de "avanzar la introducción de la capacitación lingüística" de los funcionarios a 2019 con el fin de no "perpetuar la desigualdad".
El sindicato señala, en un comunicado, que "la lentitud y complejidad de la tramitación de la nueva Ley de la Función Pública Valenciana impedirá su aprobación en esta legislatura y prolongará en el tiempo la desigualdad lingüística".
Por eso, desde Intersindical se considera que "esta situación no puede prolongarse más en el tiempo y que hace falta, aprovechando la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2019, modificar la actual Ley de la Función Pública introduciendo los preceptos que hacen referencia a la capacitación lingüística que ya están contemplados al borrador de la futura norma".
En esta línea, recuerda que el Gobierno del Botànic "se comprometió, mediante el Acuerdo de Legislatura, firmado en la Mesa General de la Función Pública en junio de 2016, a reformar o a redactar un nuevo texto de la Ley de la Función Pública, que tenía que haber sido presentado en el mismo año, pero, no fue hasta principio de 2017 en el que se hizo público".
"A pesar de estar terminado el borrador de la ley y sin razones objetivas que lo justifican, el inicio de la negociación en el ámbito sindical no se ha empezado hasta 2018 y, teniendo en cuenta que una vez finalizada la negociación, la nueva ley todavía tiene que pasar los trámites del Consejo Jurídico Consultivo, la aprobación del anteproyecto de ley por el Consell y, por último, la tramitación parlamentaria en Les Corts, es imposible que la publicación al DOGV y su entrada en vigor pueda ser una realidad antes de que acabe esta legislatura", estima el sindicato.
Intersindical apunta que, paralelamente, "han sido numerosas las ocasiones en que diferentes miembros del gobierno se han manifestado a favor de hacer efectivo el derecho de los usuarios y usuarias a emplear la lengua oficial de su elección en sus relaciones con la administración pública valenciana".
"Un derecho a la igualdad lingüística --advierten-- que solo puede ser real si los empleados públicos de la administración autonómica están capacitados lingüísticamente en las dos lenguas, razón por la cual el borrador de la nueva Ley de la Función Pública valenciana contempla el establecimiento de esta capacitación como requisito de acceso y como una de las obligaciones de todas y cada una de las personas que trabajan".
En el mismo sentido, añaden, los sindicatos Intersindical Valenciana, UGT y CCOO, "conscientes de la situación", firmaron un Acuerdo de Bases sobre la Competencia Lingüística que debe acreditar el personal al servicio de las administraciones valencianas en el que, "con el fin de eliminar trabas, se reconoce el derecho de los ciudadanos a usar cualquier lengua oficial y la obligación de los empleados públicos a conocerlas adecuando el nivel de conocimiento a las características del puesto de trabajo".
El problema, para Intersindical, es que, "a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno de la Generalitat, y los consensos sociales, se verán frustradas, de nuevo, las expectativas de los ciudadanos que utilizan habitualmente el valenciano en instancias oficiales; de forma que la vulneración de sus derechos se perpetuará en el tiempo y seguirán siendo ciudadanos de segunda". "Una discriminación, que después de 36 años de vigencia del Estatuto de Autonomía, es intolerable", concluyen.
