La dirección general de Aerocas defiende su gestión, aunque admite que pudo haber "algunos errores subsanables"
CASTELLÓ. La Intervención General de la Generalitat ha dado cuenta de una larga serie de anomalías administrativas en materia de contratación de bienes y servicios correspondientes a la gestión del Aeropuerto de Castellón, según su último informe realizado sobre el ejercicio del 2017. Estas “irregularidades”, como así llama el órgano fiscalizador de la Generalitat a estos desajustes, hablan de instrucciones internas que no cuentan con informes favorables de la Abogacía, de memorias preceptivas que están incompletas, de la prestación de servicios previos a la vigencia de los contratos o la designación de los miembros de la mesa de contratación elegidos por la dirección general, cuando deberían ser designados por el órgano competente, en este caso, los seis miembros que componen su comisión ejecutiva.
La serie de irregularidades sobre las que Intervención da un toque de atención a Aerocas hablan, además, de incongruencias en las contrataciones de bienes y servicios derivadas de la ausencia de los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat o que en la mayoría de los pliegos de los expedientes –todos ellos referidos a contratos menores- se perciben lagunas administrativas que hace que los licitadores no puedan formular sus ofertas en condiciones de plena igualdad.
Este documento oficial también pone en cuestión el contrato de seguro de responsabilidad civil formalizado para autoridades, gestores y personal al servicio de la sociedad –en total cinco empleados- lo que contraviene lo que estipula la vigente ley de presupuestos de la Generalitat.
La auditoría realizada por el órgano fiscalizador de la Generalitat también se hace eco de que, en algunos casos, en los pliegos de los expedientes de contratación no se solicita la preceptiva solvencia económica y financiera y técnica de los adjudicatarios o que hay contratos menores en los que no se recoge la posibilidad de prórroga y, pese a todo, se prorroga, lo que para la Intervención supone “un supuesto de nulidad de pleno derecho”.
Finalmente, otra de las cuestiones que plantea el texto al que ha tenido acceso este medio, se refiere a expedientes que presentan gran similitud de prestaciones, lo que podría incurrir en un indebido fraccionamiento, y pone de ejemplo expedientes relativos al sistema de control de gestión suscrito con la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), el proyecto l’Aeroport y servicios de diseño, catálogo y señalética, según consta en la auditoría correspondiente al ejercicio del 2017.
Conocidas cada una de las aseveraciones expuestas en este informe, el director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha explicado punto por punto cada una de las cuestiones que se plantean por parte de Intervención. De todas estas anomalías apuntadas, el responsable de la gestión del aeropuerto castellonense sí admite la equívoca designación de los miembros de la mesa de contratación por su parte y no por el órgano competente, que es la comisión ejecutiva, pero este error se debió a un “olvido” a la hora de levantar el correspondiente acta durante la reunión mantenida por este órgano de dirección, “algo que trataremos de solucionar”, explica.
De otro lado, Bernat también admite que hubo pliegos en los que no se requirió la solvencia financiera y técnica de los adjudicatarios, pero se debió a que se trataba de una reconocida y potente empresa. “Cuando nos dimos cuenta del error, el servicio estaba completado”, esgrime.
Sobre la ausencia de informes favorables de la Abogacía de la Generalitat en algunas contrataciones, Bernat explica que se realizan a través de la asesoría jurídica y es la que canaliza toda esta documentación. En cuanto a la ausencia de memorias preceptivas o incompletas, el responsable de Aerocas, señala que no están obligados a hacer estas memorias con contratos menores, por lo que creen que el procedimiento es el correcto, pese a las reticencias mostradas por Intervención.
Sobre la posibilidad de que en las licitaciones se haya podido atentar, en algún momento, a las condiciones de igualdad de las empresas aspirantes, como esgrime el órgano fiscalizador, Bernat afirma con rotundidad esa imposibilidad al recordar que hay procesos en los que han participado hasta 15 empresas y “nunca nadie se ha sentido discriminado con el procedimiento”. En cuanto a la contratación de un seguro de responsabilidad civil que Intervención pone en cuestión, el director general recuerda que es algo que ya sucede en otros departamentos de la Administración, pero también indica la necesidad dar cobertura a los miembros de un consejo que, en muchos casos, pertenecen a la sociedad civil y deben tener asegurada una cobertura frente a posibles contingencias.
Finalmente, el director general niega de manera categórica la posibilidad de que se haya dado un fraccionamiento de contratos, como deja caer el documento elaborado por Intervención, y explica, como ejemplo y de manera didáctica, el caso de la elaboración, por parte de la UJI, de un manual de sistemas de control en la gestión del aeropuerto –que ya se recoge en el informe fiscalizador- para el que se destinaron 5.800 euros y poco después se realizaría un segundo contrato, por importe de 5.400 euros y por el mismo periodo de tiempo –un año- para la implantación de este modelo de gestión. “Encargamos un primer trabajo de asesoramiento y una vez que nos llegó, vimos la necesidad de contratar nuevamente un servicio para poderlo llevar a cabo. No hay fraccionamiento posible”, remarca Bernat, quien señala que este modo de gestión se deriva de la estrecha estructura de personal que se da en la sociedad, además de la necesidad de buscar las opciones más económicas que nos permita ser lo más eficientes posibles”, se defiende el director general de los postulados esgrimidos en el informe de Intervención.