Carlos Fabra, durante una cena de excargos del PP en Valencia el año pasado. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. "Un presunto entramado elaborado por Carlos Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública". De esta manera define el juez la nueva causa en la que se encuentra imputado el expresidente de la Diputación de Castellón, en la que indaga en lo que considera sospechosas operaciones económicas con las cuales habría ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales. Acciones por las que también se ha citado a declarar como investigados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias del expolítico, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011, 2012 y 2013.
El auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza emitido por juez Jacobo Pin, actualmente en funciones de sustitución en Instrucción 4 de Castellón, dibuja una inicial alerta de la Agencia Tributaria y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Fabra, sostienen, pese a contar con un relevante patrimonio de forma directa o a través de familiares, mantiene una deuda con Hacienda por la sentencia del conocido como caso Naranjax de 2013. En ella fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros. Como consecuencia de la ejecución del fallo por parte de la Audiencia Provincial de Castellón en 2014, todavía debe actualmente 919.108 euros a la Agencia Tributaria.
Una situación que sorprende a los investigadores, que destacan que sólo con respecto a las cuentas del expolítico, en el periodo investigado consta una media de ingresos mensuales de 19.000 euros en efectivo. A lo que se añaden otras operaciones a través de familiares, terceras personas o sociedades mercantiles.
En este primer momento, y a raíz de analizar las cuentas bancarias, aprecian indicios de la existencia de fondos de posible procedencia ilícita que podían deberse al "carácter público del cargo ostentado" por Fabra al frente de la Diputación de Castellón. De manera que la instrucción judicial se encamina, a continuación, a averiguar el origen de los elevados flujos de fondos económicos del expolítico "y a la labor de enmascaramiento de los mismos por parte de este y de su núcleo personal más cercano".
Entran en juego más de una veintena de empresarios, expolíticos y particulares, a los que el magistrado ha citado a declarar como imputados para que expliquen sus transferencias de dinero. Entre ellos los siguientes: Enrique Gimeno, de Facsa; Miguel Pérez, de Migumi; Fernando Roig y su hijo; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Fabra; la mercantil Becsa (antigua Lubasa) y el que fuera su administrador Luis Enrique Batalla; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; y Daniel Vicente Latorre, de Reyval (ahora Intercity Development); además de familiares, guardaespaldas y el chófer de Fabra y otros empleados de entidades o empresas.
En el caso de los empresarios, el juez los ha citado para que expliquen si los préstamos que le otorgaron a Fabra "por amistad", según declaró el expolítico, tenían alguna motivación adicional relacionada con su cargo de presidente de la Diputación.
El juez trata de aclarar igualmente los 58.920 euros que una sociedad de Fabra, Asdecas, recibió en 2012 por parte del PP de Castellón. El gerente lo justificó en "trabajos y asesoramiento en temas de seguridad", pero el magistrado no lo encuentra justificado y destaca que el expresidente de la Diputación tenía acceso a la cuenta del partido. La práctica totalidad de los fondos aportados a la citada mercantil -incluyendo los del PP- fueron, según la Policía, aportaciones de efectivo de Fabra o su entorno y operaciones desde cuentas bancarias personales de su familia.
En relación a otras operaciones concretas, el juez enumera numerosas transferencias de dinero por parte de más empresarios, particulares o gente de su entorno. También requiere numerosa documentación para seguir indagando en ello.
La causa que trata de dilucidar el funcionamiento de esta presunta red fue iniciada por el juzgado en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de los delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación, que ha permanecido secreta hasta septiembre de este año, intenta determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.
El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.
