Archivo de la Generalitat en Riba-roja de Túria. Foto: GoogleVALÈNCIA. El principio de parsimonia, quizá más conocido como Navaja de Ockham, dice que "en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable". Y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tirado de este principio para llevar adelante su línea principal de investigación en el caso de supuesta la filtración de operación Erial en la que fue detenido el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
La investigación se abrió tras conocerse que el alto cargo de la empresa pública Ivace (Conselleria de Economía) Alfonso Roselló, de pasado zaplanista y marido de Auxiliadora Hernández, alto cargo del Consell de Zaplana que fue imputada en una de las piezas de Gürtel, visitó antes de las detenciones el lugar donde están archivados los expedientes de las adjudicaciones que la UCO relaciona con posibles mordidas.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas a la investigación, la UCO sospecha que la filtración referente a la operación Erial se produjo después de que se celebrara en Madrid una reunión conjunta con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para preparar la operación. El motivo de esta sospecha es la coincidencia de fechas: la reunión para organizar el operativo conjunto tuvo lugar en Madrid la semana del 9 de abril y la primera visita de Alfonso Roselló al archivo situado en Riba-roja de Túria se produjo el día 20 de abril, un mes antes de las detenciones, según desveló Eldiario.es. A diferencia de la visita del 16 de mayo, en la primera acudió él solo al almacén donde se guardan los documentos más antiguos de la Generalitat.
Esa misma semana, Valencia Plaza tuvo conocimiento de que se preparaba una actuación "nueva" sin relación con los casos de corrupción ya abiertos, en la que estaría implicado Zaplana, aunque no el motivo de la misma. Así pues, la información ya circulaba por València. Según las mismas fuentes, la investigación sobre el expresidente llevaba dos años y medio bajo secreto de sumario sin ninguna filtración y solo la juez, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO estaban al tanto.
Roselló visitó al menos en dos ocasiones el almacén, según la información de dicho diario. Fuentes de la Generalitat aclaran que en la visita del día 16 de mayo, acompañado de dos funcionarias, no acudió a la nave donde estaba el expediente de los parques eólicos, sino la de los archivos del Impiva. Al parecer, el expediente del concurso de parques éólicos está completo, pero la documentación que lo compone estaba revuelta y había partes del mismo fuera del archivo, encima de las cajas.
Alfonso Roselló fue empleado de Aguas de Valencia y de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) cuando se adjudicó el concurso eólico ahora cuestionado. Tras la dimisión de Zaplana como presidente de la Generalitat en 2002 y la llegada al poder de Francisco Camps, Roselló continuó trabajando en la administración pública igual que su esposa, mientras que la hermana de esta, Maritina Hernández, fue nombrada en 2007 consellera de Agricultura en sustitución de Juan Cotino, que pasó a ser vicepresidente del Consell. Cotino, también investigado por la UCO en la operación Erial, fue director general de la Policía entre 1996 y 2002 y Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana entre 2002 y 2004.
La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y bautizada como operación Erial concluyó con 10 personas entre detenidas e investigadas entre las que destacan Zaplana; Vicente y José Cotino, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, citado a declarar ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer Felisa López, y el exsecretario de la CAM Francisco Grau.
La investigación es por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, Barceló y Grau son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que los empresarios beneficiados podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero'.
