La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ/EPVALÈNCIA (EP). La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido, si vuelven a gobernar, a negociar con las comunidades autónomas para poner en funcionamiento, la acreditación para las víctimas sexuales, tanto las que denuncien como las que no lo hagan.
"La disolución de las Cortes y el hecho de estar en funciones nos ha retrasado algunos meses respecto a nuestro plan, pero por supuesto que nuestro plan sigue siendo en previsión del artículo y en cumplimiento del artículo 37.2 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cumplir con nuestra parte como Ministerio, negociar con las CCAA en el marco de la conferencia sectorial y llegar lo antes posible a un acuerdo para tener en funcionamiento ese sistema de acreditación que es la puerta de entrada para muchos derechos de las víctimas de violencias sexuales", ha subrayado Montero, este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta de la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre cuáles son las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Igualdad en relación con la acreditación administrativa de las víctimas de violencias sexuales, establecida en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Según ha indicado Etxano, Igualdad les trasladó su voluntad de trabajar conjuntamente para poder alcanzar un acuerdo y aprobar dicha acreditación, "a más tardar en el mes de septiembre" pero ha lamentado que todo quedó suspendido al convocarse elecciones.
La senadora ha subrayado que desarrollar una acreditación administrativa común para todas las administraciones que "garantice con seguridad jurídica el acceso de las víctimas a todos sus derechos" y donde se establezca el ámbito de aplicación y las situaciones en las que cabe la solicitud, es "uno de los aspectos más urgentes".
Por su parte, Irene Montero ha coincidido en "la necesidad de esta medida y de contar con una acreditación para las víctimas de violencias sexuales, las que denuncien y también las que no denuncien, que son la inmensa mayoría".
Además, ha puesto en valor que durante la pasada legislatura han "avanzado, mejorando la acreditación de las víctimas de violencia de género, creando y poniendo en funcionamiento la acreditación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual y previendo legalmente y teniendo en fase de desarrollo esa acreditación de víctimas de violencias sexuales".
Si bien, ha reconocido que la disolución de las Cortes y el hecho de estar en funciones les ha "retrasado algunos meses" respecto a su plan, aunque ha asegurado que seguirán trabajando para conseguirlo, si vuelven a gobernar.
