VALÈNCIA. (EP). La acusación popular que ejerce IU en la causa de los 'papeles de Bárcenas' que se sigue en la Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor, José de la Mata, que investigue también al empresario valenciano Vicente Cotino, arrestado la semana pasada en la 'operación Erial' en la que también resultó detenido y encarcelado el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
IU formula esta solicitud después de que se haya conocido que la trama destapada en la 'operación Erial' estaba dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas y en ella estaría implicado el empresario, que a su vez es sobrino de Juan Cotino, ex alto cargo del PP que fue vicepresidente valenciano o presidente de Les Corts.
Por ello, IU y las formaciones y asociaciones con las que comparte acusación popular han pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que reclame el vídeo y la transcripción de las declaraciones de Vicente Cotino en el juicio de la trama valenciana de Gürtel, donde reconoció pagos en B al PP, así como la documentación referida a los acuerdos que alcanzó con la Fiscalía en dicho procedimiento.
Según recuerda la acusación popular en su escrito, Vicente Cotino está al frente de la empresa Sedesa, la cual aparece entre las donantes al PP, de acuerdo "con la contabilidad B que llevaba Luis Bárcenas". Y además, el 16 de enero pasado, en el juicio en la Audiencia Nacional sobre la actividad de Gürtel en Valencia, diferentes empresarios admitieron haber pagado en las campañas electorales del PP de 2007 y 2008 por algo más de 1,2 millones de euros.
En su solicitud, IU también hace referencia a la conversación entre Cotino y el también empresario Enrique Ortiz, cuando el primero estaba de viaje en el Caribe, donde aludían a los tratos que hacían con el entonces consejero valenciano de Bienestar Social, Juan Cotino.
Según IU, las distintas investigaciones judiciales han determinado "un 'modus operandi' continuado perpetrado por los extesoreros del PP e investigados en esta causa, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, en el que a la vez que han ido recibiendo una serie de entregas de dinero en efectivo para nutrir de fondos las arcas opacas del PP, habrían estado realizando diversas maniobras con otros miembros del partido con responsabilidades en la Administración Pública con objeto de facilitar la adjudicación de obra pública".
El equipo jurídico de IU considera que durante la instrucción se han reunido "suficientes indicios" para concluir que de la conducta de Lapuerta y Bárcenas "se puede inferir fundadamente que los mismos se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración, organización y coordinación para el cohecho y el tráfico de influencias, estando por determinar sí también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal".
La acusación popular también requiere en su escrito que testifiquen Higinio Mosteiro y Carlos Ribagorda, periodistas que trabajaron para el Grupo Intereconomía y, según las declaraciones de su compañero Xabier Horcajo, "le ayudaron con las gestiones de verificación de la grabación realizada al investigado Rafael Palencia, en la que éste explica la mecánica de pagos que efectuaba al PP en contraprestación al auxilio que recibía de la tesorería nacional del PP en la adjudicación de contratación pública".
