Izquierda Unida pide incorporar la confesión de Costa en ‘Gürtel' a la causa de la 'caja B'

VALÈNCIA. Izquierda Unida ha solicitado al juez que las explosivas declaraciones del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en el juicio de Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional, así como la de los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, se incorporen a la causa que investiga la presunta 'caja B' del Partido Popular, en la que permanece como principal imputado, el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según la formación de izquierdas, las declaraciones son de vital importancia para demostrar que los empresarios aportaban dinero al Partido Popular para que éste se financiara de forma irregular.

En un escrito al que ha tenido acceso Valencia Plaza y que se presentó el miércoles en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el letrado explica que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa n vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. Y añade que “además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”.

Esta petición la realizan después de que, tras solicitar hace unos meses que se incorporara la declaración que Correa realizó en el juicio de la época I de Gürtel, el magistrado instructor del caso Bárcenas admitiera ampliar las imputaciones a varios empresarios. Además, el escrito recuerda que ahora las causas por la financiación que afectaban a las otras dos grandes tramas de corrupción, Púnica y Lezo, se han unificado con la ya abierta de Gürtel creando así la gran macrocausa de la financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy.

El abogado de Izquierda Unida es lapidario al explicar este extremo diciendo que: “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”. Y apostilla que “Lapuerta y Bárcenas (ambos extesoreros) se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.

Y para terminar, desliza que la investigación debe proseguir para esclarecer “si también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal”.

Por todo ello solicita que “se libre un exhorto al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se remitan e incorporen a esta causa copia de las declaraciones de Correa, Crespo, Pérez y Costa”.

Las piden porque Correa reiteró “el modus operandi con el que se financiaban las campañas electorales del partido Popular en 2007 y 2008. Así como habló de su relación con los gerentes del PP de Madrid porque afirmó que no tenía relación con gente del PP de Valencia, sin embargo en Madrid, la he tenido toda”. De Pérez dice “quien empieza a asistir a las reuniones en Génova 13 soy yo, tenía tarjeta como cualquier empleado”.

Por su lado, de Crespo explica que consideran de suma importancia la incorporación de su declaración pues “Crespo reconoce la existencia de una contabilidad B en el seno del partido, pues ellos decidían si se pagaba en A o en B”.

Respecto de Ricardo Costa asegura que explicó e ilustró al tribunal sobre el sistema de financiación ilegal utilizado por el PP para sus campañas electorales, señala al expresidente de Les Corts, Juan Cotino, así como al expresidente de la Generalitat Francisco Camps como las personas que directamente le indicaron la manera de realizar dicha actuación. Pero sobre todo le explican al magistrado que Costa contó que Luis Bárcenas tenía pleno conocimiento del hecho que en Valencia pretendían financiarse irregularmente utilizando empresas contratistas de la administración.