El debate sobre la reforma de las pensiones que se ha abierto en las últimas semanas a raíz de la propuesta del Gobierno -respaldada por la UE- es en buena medida producto de la ola de movilizaciones de los pensionistas durante los años 2017 y 2018.
Cuidado, en aquellas manifestaciones masivas los pensionistas no estaban defendiendo sólo, ni sobre todo, sus propias pensiones sino fundamentalmente las pensiones futuras. A un jubilado de hoy en día no le afecta en nada que se incremente el número de años necesarios para llegar a la pensión mínima o para lograr la pensión máxima, ni le afecta en nada que se incremente la edad de jubilación. Es más, la devaluación de las pensiones a través del llamado factor de sostenibilidad introducido por el PP en la reforma del 2013, se diseñó para que sus efectos más dañinos no fueran inmediatos sino en el largo plazo, precisamente como una forma de intentar diluir la oposición del movimiento de los pensionistas.
Reforzar los ingresos para sostener los incrementos futuros de las pensiones no es un soborno a los pensionistas a cambio de cargar de piedras las mochilas de los jóvenes, es justo lo contrario. Si usted le pregunta a cualquier trabajador joven hoy, es muy probable que le responda que no tiene ninguna confianza en poder cobrar una pensión decente cuando llegue a la vejez. Eso es lo que hay que solucionar. ¿Incrementar los obstáculos para que los jóvenes de hoy puedan cobrar una pensión en su vejez o diseñar mecanismos que reduzcan su cuantía cada vez más, es proteger el derecho de los jóvenes de hoy a tener una pensión en el futuro? ¿Pero a quien pretenden convencer de esa ridiculez?
Cuando los políticos, expertos y opinólogos de turno les quieran hacer pensar que su postura acerca del sistema de pensiones es producto del cálculo matemático, objetivo y racional, dejando de lado sus propias ideas, deben saber que les están mintiendo, lisa y llanamente, les están mintiendo. ¿Si la patronal y sus satélites académicos y mediáticos se posicionan en contra de la reforma de las pensiones es por qué a los grandes empresarios de este país les preocupan mucho nuestras pensiones? ¿O es porqué temen que puede afectar a sus propios intereses? Al situar el foco del debate no en el exceso de gasto sino en la insuficiencia de ingresos tenemos que hablar de las cotizaciones por parte de las empresas, del estancamiento de los salarios de los trabajadores y de la precariedad laboral de los jóvenes. Por eso la patronal se opone y por eso los sindicatos apoyan reformas en ese sentido. La realidad es que las pensiones se garantizan mucho mejor incrementando la ocupación, fortaleciendo los sectores de mayor valor añadido y mejorando las condiciones laborales que con cualquier medida de contención del gasto.
Poner el foco en los ingresos no significa desatender el hecho de que el gasto en pensiones va a seguir incrementándose en los próximos años por las jubilaciones de la generación del llamado baby boom. Ahora bien, al mismo tiempo que se reconoce esto, inmediatamente hay que añadir, que más allá de ese periodo, el gasto en pensiones volverá a una senda de crecimiento menor porque en las cohortes de edad de las generaciones siguientes, las diferencias demográficas están mucho más acotadas. Ese pequeño detalle siempre se halla ausente en las previsiones de quienes se postulan a favor de recortar las pensiones porque les interesa inducir la idea de que el incremento de la senda de gasto en términos reales no va a dejar de ensancharse nunca y que, por tanto, no hay más opción que asumir que el sistema es insostenible.
No se trata de garantizar el futuro del sistema público de pensiones sino de todo lo contrario. No es producto de la casualidad que quienes apoyan los recortes en el sistema de pensiones sean exactamente los mismos que los que creen que el Sistema de Bienestar está sobredimensionado, los mismos que apoyan la privatización de los servicios públicos, los mismos que apoyan rebajas generalizadas en los impuestos y las cotizaciones sociales (curiosamente eso no compromete la viabilidad del sistema de pensiones). Y por supuesto, quienes apoyamos reforzar el sistema público de pensiones también lo hacemos con motivaciones políticas porque defendemos los derechos sociales. La diferencia es que nosotros tenemos la honestidad de reconocerlo y argumentarlo. El sistema público de pensiones es a día de hoy el más importante mecanismo de redistribución de la riqueza que existe en España, una de las principales herramientas de las que dispone la sociedad para atenuar el incremento de las desigualdades sociales. Ese y no otro es el fondo del asunto, la lucha histórica entre quienes queremos garantizar el derecho de todos los ciudadanos a unas condiciones de vida dignas, que es requisito indispensable de la libertad y la justicia, frente a aquellos que siempre han intentado frenar los avances sociales y que siempre van a intentar desmantelarlos.