JpD defiende al juez de Castellón que anuló la deportación del imán de Ripoll

VALÈNCIA. (EP). Jueces para la Democracia (JpD) ha defendido que la sentencia del juez de Castellón que anuló la deportación del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, fallecido en la explosión de Alcanar relacionada con los atentados de Cataluña, está "debidamente motivada" y "aplica el ordenamiento jurídico".

La asociación profesional ha calificado de "poco meditadas" las reacciones tras conocer la sentencia que responsabilizan al juez que la dictó de haber permitido la actuación del imán en relación a los atentados de Barcelona y Cambrils y ven inadmisible "extraer conclusiones precipitadas sobre hipotéticos errores judiciales" que, a su juicio, "no se han producido".

Según un comunicado de la sección valenciana de JpD, en el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado número 2 de lo Contencioso-administrativo de Castellón "no se analizó ninguna relación de Abdelbaki Es Satty con el terrorismo yihadista, ni se aportó el más mínimo dato en ese sentido".

El proceso "tenía un objeto muy distinto", han agregado para explicar que "se limitaba a determinar si la persona afectada cumplía los requisitos administrativos que marca nuestro ordenamiento jurídico para permanecer en España y no ser expulsado, como tantos otros procesos similares que se tramitan en nuestro país".

La sentencia "está debidamente motivada y se limita a aplicar el ordenamiento jurídico, de acuerdo con las leyes vigentes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", han agregado.

En este sentido, han indicado que el juez considera que no resulta procedente la expulsión por el arraigo personal del afectado, al ser un residente de larga duración, al haber estado de alta en la Seguridad Social durante más de seis años y al contar con contrato de trabajo por tiempo determinado.

"Dicha sentencia es habitual en este tipo de supuestos", según la asociación de jueces, quien ha incidido en que "no fue recurrida por la Subdelegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, al considerarla ajustada a derecho".

Jueces para la Democracia ha reiterado que "en ningún momento se valoró una expulsión por conexiones con el terrorismo yihadista, cuestión que ni siquiera se planteó, sino que únicamente se analizó si Abdelbaki Es Satty cumplía los requisitos de la legislación administrativa para continuar viviendo en nuestro país".

"No se puede reprochar a un juez que no haya analizado unos hechos que no le han sido expuestos", ha subrayado la sección valenciana de la asociación profesional de jueces.

Por ello, han considerado que "no resulta admisible extraer conclusiones precipitadas sobre hipotéticos errores judiciales que en este caso no se han producido".

En opinión de JpD, "era imposible anticipar la conducta futura de cualquier persona cuando se dicta una resolución judicial de estas características".

"Y la alternativa no puede ser que los tribunales acepten expulsar a todos los extranjeros de nuestro país por si en el futuro pueden cometer atentados terroristas", ha agregado.

Por ello, ha reclamado "respeto" a la actuación de los órganos judiciales, "que actúan de forma motivada en el ámbito del Estado de derecho, con resoluciones que se ajustan al ordenamiento jurídico".