VALÈNCIA (EP). El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la trama rusa del 'procés', ha denegado la amnistía al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a los otros 12 investigados en la causa argumentando que podrían haber incurrido en delitos de alta traición y malversación, y añade un nuevo ilícito de pertenencia a organización criminal.
En el auto consultado por Europa Press este martes, el juez acuerda remitir esta causa al Tribunal Supremo y argumenta que estos delitos no quedarían amparados por la medida de gracia.
El juez Aguirre ha elevado la causa al alto tribunal dado que dos de los investigados en esta causa --Carles Puigdemont y Francesc Dalmases, que es diputado por Junts en el Parlament de Catalunya-- son aforados.
En el auto, el juez Aguirre asegura que ha quedado acreditado que los investigados mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia y que ambas partes buscaban obtener un beneficio.
En el caso de Rusia, prosigue Aguirre, el 'procés' era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente, pues aunque fracasara "la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia".
Por otra parte, en caso de que Catalunya hubiese obtenido la independencia con el apoyo extranjero, Rusia habría contado con "una puerta trasera" para desestabilizar toda la Unión Europea.
En el auto, Aguirre imputa un nuevo delito a los investigados, el de pertenencia a organización criminal, y sitúa en la cúspide al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, junto a su homólogo Carles Puigdemont.
"La organización criminal de la que formarían parte, de una u otra forma, los investigados se habría iniciado en el 2010 con el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Catalunya" y se compuso por personas de máxima confianza de ambos, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos, en palabra del instructor.
También menciona al exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència, Víctor Tarradellas, y al jefe de gabinete de Puigdemont, Lluís Alay, a los que señala como los encargados de decidir con qué personas contactar para conseguir "apoyo y reconocimiento internacional (ruso en este caso) de un estado catalán independiente".
Como prueba, Aguirre incluye una conferencia celebrada en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona donde Mas, como presidente del PDeCat, presentó a Tarradellas como responsable de relaciones internacionales de la extinta CDC y éste enumeró "los tres referentes a los que podría mirar Catalunya y que podrían ver con buenos ojos una secesión dentro de la Unión Europea: Israel, China y Rusia".
Sobre el delito de alta traición, el instructor alega que si la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no prosperó antes fue porque Puigdemont "tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Catalunya y él mismo".
"Si el expresidente Puigdemont no hubiera tenido pánico y hubiera aceptado la propuesta rusa, habría continuado adelante el proceso secesionista y la consiguiente separación de Catalunya de España, y como consecuencia también de la UE", apunta.
Sobre el delito de malversación, sostiene que tan sólo un día antes de la DUI, Nikolay Sadovnikov, un exmilitar, habría ofrecido a Puigdemont "10.000 soldados para garantizar la seguridad de la futura Catalunya independiente y 10 millones de euros con el fin de crear en Catalunya un paraíso fiscal en criptomonedas".
Por este motivo, según el juez, Puigdemont habría ordenado a Terradellas y al empresario David Madí que trabajaran en tres grupos para que "la futura república catalana desarrollara una legislación propia favorable para la proliferación de las criptomonedas adecuada a los interesas rusos y así 'ellos' podrían ayudar y así avanzar de forma unilateral hacia una república digital catalana".
Ahora, el Supremo será quien deba pronunciarse sobre la imputación de los delitos que les atribuye el instructor de la causa, en la que se investiga un presunto vínculo entre los líderes del 'procés' y el gobierno ruso con el objetivo de "establecer relaciones de influencia política y económica con la Generalitat si éste se independizaba de forma unilateral de España", según el auto de prórroga de Aguirre.
Cabe recordar que la Audiencia de Barcelona ordenó al juez que pusiese fin a esta instrucción al entender que la última prórroga que solicitó en agosto de 2023 para efectuar nuevas pesquisas no se ajustaba a derecho.