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El juez autoriza a la Guardia Civil investigar las ayudas a Francis Puig en Valencia, Catalunya y Aragón

15/07/2020 - 

VALÈNCIA (EP). El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha autorizado a la Brigada de la Policía Judicial investigar las ayudas otorgadas al empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por parte de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés.

Así se desprende de una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez --que investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP-- admite las diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre Francis Puig y sus socios, los Adell Bover. El juez acuerda que se remita a la Guardia Civil toda la documentación recabada para comprobar si los gastos subvencionables declarados coinciden con los expedientes aprobados.

La Fiscalía pidió al juzgado que le autorizase a consultar todos los datos que guardaran relación con los hechos investigados y que se hallasen en cualquiera de los registros públicos. Se refería a los expedientes administrativos de las subvenciones concedidas por parte de la Generalitat Valenciana a Mas Mut S.L. y Comunicacions dels Ports durante los años 2015 a 2018, incluidos los planes de control y las muestras del material publicado por estas sociedades.

Así mismo, el ministerio público aludió a las subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya a las mismas mercantiles en el mismo periodo de tiempo; así como las de 2019 a éstas y a Canal Maestrat S.L.

Y en esta línea, la fiscal se refería también a subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón --que no obran en la causa-- a Mas Mut S.L., y exponía que dado que se desconoce la finalidad de las mismas y si pudieran estar relacionadas con las investigadas en esta causa, se debían recabar.

En concreto, pedía dirigirse al Departamento de Desarrollo Social y Sostenibilidad del Gobierno para que remitiera al juzgado los expedientes de dos subvenciones concedidas a Mas Mut S.L. En 2018 le otorgaron dos ayudas por importe de 19.664 euros y 13.364.

Una vez obtenida esta documentación, Fiscalía pedía que se remitiera a la Brigada de la Policía Judicial para comprobar si los gastos subvencionables declarados coinciden o no con los incluidos en los expedientes analizados en este procedimiento.

Expedientes a empresas de Adell Bover

Por otro lado, en su escrito, Fiscalía advertía de que no constaban unidos al procedimiento los expedientes administrativos de las subvenciones concedidas a las empresas administradas por Enrique Juan Adell Bover, salvo la documentación remitida por la Agencia Antifraude.

Se refería a subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación a las siguientes sociedades: Canal Maestrat durante los años 2015 a 2018; kriol Producciones S.L. durante 2017 y 2018; y TV CS Retransmisiones S.L. entre 2015 y 2017.

Por este motivo, requería que se pidieran estos expedientes a la Direcció General de Política Lingüística y Gestió del Multilingüisme. Reclamaba, por agilidad, que la información fuera recabada por la Policía Judicial, quien podría acudir a la sede del organismo público para recogerla.

La causa

La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.

En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".

Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.

En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.--.

El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.

 

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