VALÈNCIA. La juez sustituta de Instrucción 18 de Valencia ha decidido, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, unir dos de las piezas de la causa en una y apunta a una actuación coordinada entre el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla para realizar contrataciones presuntamente irregulares.
Los hechos que ahora pasan a investigarse de manera conjunta son los que figuran en las piezas B y F, relativas ambas a los llamados 'zombies'. Se trataba, supuestamente, de empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. Este tipo de actuaciones se habrían llevado a cabo en dos empresas públicas: Imelsa, dependiente de la corporación provincial y, por tanto, de Rus; y Ciegsa, vinculada a la Conselleria de Educación y, por ende, a Caturla.
En el caso de Ciegsa, la juez recuerda en un reciente auto que la investigación apunta a una serie de contrataciones laborales entre febrero de 2004 y octubre de 2005 cuando Rus era presidente del PP en la provincia de Valencia y Caturla vicepresidente y responsable de Ciegsa. De la documentación obrante en la causa, señala, se desprenden indicios de que, desde las facultades que les ofrecía su respectiva posición, el primero habría ordenado, y el segundo llevado a cabo, la contratación de personas, con cargo al presupuesto de la empresa pública, "sin observancia de los requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivo". Hechos que, en principio, podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
En el caso de Imelsa, se indaga en "la contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna". También en "extinciones de contratos de trabajo, ante la sospecha de que, atendiendo al coste económico empresarial, pudieran encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para que los segundos obtuvieran un innecesario y arbitrario enriquecimiento a costa de recursos públicos". Todo ello podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.
En opinión de la juez, lo ocurrido tanto en Ciegsa como en Imelsa tiene conexión tanto en los hechos como en los inculpados, y las diligencias practicadas en ambas piezas evidencian un interés por parte de los investigados "en obtener un beneficio propio utilizando empresas públicas para ello".
Los audios aportados en la causa demostrarían, destaca el auto, que Caturla, cuando desempeñaba las funciones de gerente y consejero delegado de Ciegsa, "daba cuenta y recibía ordenes en la contratación de personal por parte de Alfonso Rus, el cual no tenía ningún tipo de intervención, en principio, en esta empresa". Posteriormente, cuando el primero cesa en Ciegsa, pasa a desempeñar su trabajo en la Diputación a las órdenes del segundo.
Debido a todo ello, la juez considera que existió una "presunta organización estable" entre ambos excargos del PP "tanto en contratación de obras como en contratación de personal" que pone de manifiesto "un determinado concierto para sus propios asuntos". Algo que corrobora, añade, las declaraciones del exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
Dado que ambas piezas, además, se encuentran en el mismo estado procesal –con la instrucción prácticamente finalizada–, resulta oportuno, para la juez, unirlas. Es previsible, por tanto, que uno de los próximos autos de procesamiento sea el relativo a estos hechos.