VALÈNCIA. La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 2 de noviembre a varios exdirectivos de Banco de Valencia y Bancaja y a los hermanos Calabuig Gimeno, propietarios del grupo Global Omnium, constituido a partir de Aguas de Valencia, por el denominado caso Costa Bellver, en el que se juzga una operación inmobiliaria en este paraje de Oropesa del Mar.
El fiscal señala como responsables a los directivos del Banco de Valencia y de Bancaja, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, y como cooperadores necesarios a la familia Calabuig. Se trata de los hermanos Eugenio, Enrique, Celia, Pedro y María Mercedes Calabuig Gimeno. También señala con el mismo delito al ex consejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina y al directivo de Bancaja Manuel Setién. Cada uno de ellos se enfrenta a cuatro años de prisión.
El hombre clave en la operación fue, según la Fiscalía, Domingo Parra, que actuaba al unísono como consejero delegado del Banco de Valencia y como consejero de la sociedad de cartera Inversiones Financieras Agval, propietaria de la mayoría accionarial de Aguas de Valencia. Agval estaba participada al 50% por Banco de Valencia y los Calabuig.
Según el fiscal, entre 2007 al 2011, mientras ejercía ambos cargos, Parra llevó a cabo una "operación irregular", la compra de la inmobiliaria Costa Bellver. Esta sociedad estaba participada por Fucsa, sociedad de los Calabuig, quienes personalmente adquirieron a principios de 2009 acciones que poseía la familia fundadora, los Bordils.
Según la Fiscalía, Costa Bellver fue adquirida a mediados de 2009, en pleno hundimiento del sector inmobiliario, por Agval a un precio de 80.044 euros la acción, cuando los Calabuig las habían adquirido poco antes por un valor medio de 30.664 euros. Así, se "beneficiaron económicamente de forma injustificada" los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa, perjudicando a Agval y al Banco de Valencia, según el relato de la Fiscalía.
Pese a la normativa interna bancaria, Parra y la familia Calabuig, integrantes del Consejo de Administración de Agval, aprobaron la operación de compra de Costa Bellver sin ninguna supervisión bancaria "beneficiando de forma fraudulenta a la vendedora", según la Fiscalia. La acusación sostiene que Domingo Parra no comunicó a su banco que estaba realizando esta operaciones como consejero de Agval, mientras que los Calabuig votaron a favor de la compra a pesar de que tenían un conflicto de intereses, al ser ellos los vendedores.
Días después de la operación con Agval, Bancaja Habitat compró otro paquete accionarial de Costa Bellver a un precio muy superior al pagado por sus acciones poco antes. Bancaja Habitat llegó a ostentar el 46,4% de dicha empresa pagando un 195% más del valor pagado por Fucsa y los Calabuig dos meses antes, "sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento del precio de la acción".
Esa operación la "ordenó y permitió" Aurelio Izquierdo a través de los directivos José Cortina y Manuel Setién. Este último firmó las compras como apoderado sin que fueran analizadas por el Consejo de Administración de Bancaja ni por un órgano tasador, que habría comprobado un precio por acción "muy superior al real", según la Fiscalía. Así lo demuestra, añade el escrito, el informe pericia del Banco de España realizado en 2017.
Con estas operaciones, Parra e Izquierdo beneficiaron a la familia Calabuig Gimeno y a Fucsa, perjudicando a las entidades bancarias, según la acusación. El daño para Agval y el Banco de Valencia se calcula que fue de 5,5 millones de euros. El perjuicio para Bancaja ascendió a 25,25 millones, según un informe pericial. Bankia, heredera de Bancaja -y ahora integrada en Caixabank-, reclamó una indemnización por este perjuicio, mientras que Caixabank, que se quedó con el Banco de Valencia, no reclamó por ello, tras haber logrado 90 millones de euros con la venta a los Calabuig del 50% de Agval que heredó del Banco de Valencia.
El juicio llega casi diez años después de que la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) presentara, en febrero de 2012, una querella contra la cúpula de la centenaria entidad valenciana que incluía esta operación. Apabankval, representada por el abogado Diego Muñoz-Cobo y al frente de la cual está Juan Broseta, estará en el juicio como acusacion.
Tras las dos primeras sesiones, fijadas los días 2 y 3 para cuestiones previas, los interrogatorios a los acusados se desarrollarán en cuatro sesiones los días 4, 10, 11 y 16 de noviembre, mientras que entre el 17 y el 30 de noviembre se celebrarán seis sesiones en las que declararán los testigos.
Entrado ya diciembre, el día 3 está previsto para la práctica de periciales y en los días 9 y 10 de diciembre las partes formularán sus conclusiones. Las acusaciones esperan que la sentencia se dicte en el primer trimestre de 2022.