El juicio del caso Erial mantiene su calendario pese a la enfermedad del abogado de Zaplana

VALÈNCIA (EFE). La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido mantener el señalamiento del caso Erial pese a la enfermedad del abogado del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, por lo que el inicio del juicio será el 1 de febrero, según ha confirmado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El abogado de Zaplana, Daniel Campos, había solicitado a la Audiencia de Valencia una nueva modificación de las fechas, debido a que sufre una dolencia cardíaca por la que está hospitalizado y que le impedirá estar presente en el inicio del juicio del caso Erial el próximo jueves.

La baja del fiscal anticorrupción obligó a retrasar un mes esta macrocausa, que inicialmente iba a comenzar el pasado 9 de enero, si bien está previsto que finalmente el 1 de febrero se inicie el juicio, que incluye un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en el hospital La Fe de València por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de diecinueve años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).

También contra Saturnino y Elvira Suanzes (5 años), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.