VALÈNCIA. Las víctimas del accidente de metro de València y sus familias tienen una cita este lunes a las 9.30 de la mañana con la historia. Por fin, después de trece años y medio de lucha podrán ver cómo se escribe, negro sobre blanco en una sentencia judicial que el accidente que costó la vida a 43 personas e hirió a otras 47 era "previsible y evitable".
El juicio por este suceso debía durar seis meses, pero un acuerdo de conformidad de última hora, que si bien reduce los culpables de ocho a cuatro, también es cierto que les da la razón tanto a ellos como a la Fiscalía. Las partes han acordado que cuatro exdirectivos de FGV admitan penas de prisión de 22 meses, pero lo más importante es que lo hacen admitiendo el relato de hechos del Ministerio Público.
Ese relato de hechos dice, entre otras cosas, que: "los acusados, miembros del Comité de Seguridad en la circulación con poder de decisión, no previeron la limitación de velocidad de forma mecánica en la curva de autos. Tampoco a lo largo del túnel se instaló ni reprogramó baliza alguna que garantizara la velocidad a 60 km/h, lo cual debe ser considerado como una infracción muy grave pues, si esa velocidad hubiese quedado garantizada, las posibilidades de descarrilamiento, según los expertos, son mínimas".
Esta admisión de los hechos marcará un punto de inflexión en esta historia de David contra Goliat, pues no solo significa que los responsables de FGV por fin, casi 14 años después, les dan la razón, sino que deja en evidencia el empecinamiento de la magistrada de
instrucción por archivar hasta en tres ocasiones la investigación judicial. Capítulo aparte merece el Partido Popular de la Comunitat.
Ningún dirigente del PPCV podrá volver a salir en público y decir que "todo se hizo bien, y que la culpa fue del conductor por circular a más velocidad de la permitida", como han hecho siempre que la juez archivaba la causa. No podrán volver a decir que la comisión de investigación que se 'ventilaron' en menos de 15 días se hizo correctamente y atendiendo a las víctimas. Una comisión que concluyó que no había ningún tipo de responsabilidad, más allá de la del conductor en aquel fatídico accidente.
Los cuatro directivos que este lunes admitirán los hechos son Vicente Contreras, el exdirector adjunto de Explotación de FGV y quien fuera mano derecha de la exgerente Marisa Gracia; Francisco García Sigüenza, exdirector técnico y número tres de la empresa; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1, y Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación.
Sin embargo, el acuerdo deja fuera a otras cuatro personas. Estos cuatro exdirectivos de la empresa de ferrocarriles son la exgerente de FGV Marisa Gracia; Luis Miguel Domingo Alepuz, que era el jefe de talleres de València Sud y la persona que borró la caja negra al leerla; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones, y Francisco Orts, responsable de la dirección de estudios y proyectos.
No ha sido nada fácil llegar a este acuerdo que, además, incluye la no petición de ejecución de la sentencia, lo que implica que ninguno pisará la cárcel. Para conseguir la condena había que hacer concesiones por ambas partes, y sacar a estas cuatro personas de la ecuación era una de ellas. Pero para las familias lo importante es el fallo en sí mismo. Que por fin se reconozca públicamente que aquello se podía haber evitado si se hubiera destinado más dinero a la seguridad de la Línea 1.
David ha vencido a Goliat. Ha costado trece años y medio, tres archivos judiciales, muchas lágrimas y días de impotencia pero ahí está el resultado de una lucha sin igual. Las víctimas del metro lo han conseguido, porque sí, "el accidente era previsible y evitable".
